El regreso a las cavernas

Parece que —de acuerdo a un escueto comunicado emitido el lunes pasado— el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) quiere quitar cuerpo y volver a darle poder a los municipios para seguir, valgan verdades, bloqueando mayoritariamente la instalación de antenas. Por ello, dediquemos unos minutos a discutir sobre conectividad y telecomunicaciones.

Ciudades como Tokio tienen una antena por cada 99 habitantes. Londres tiene una por cada 261, y Santiago una por cada 860. Esto les permite generar un ecosistema de negocios muy importante y, a la vez, una mejor calidad de vida para sus ciudadanos. En Lima —ciudad de 12 millones de habitantes y dividida ineficientemente en más de 40 distritos atomizados y caóticos que no deberían existir— nada menos que 3,642 personas peleamos por la señal de una sola antena (AFIN).

En Ámsterdam (pionera en hacer realidad el sueño de las smart cities), se ha diseñado un sistema que activa automáticamente varios puntos de conectividad gratuitos cada vez que los niveles de contaminación del aire disminuyen. Y evidentemente, todo esto es posible gracias a una importante red de antenas. Pensar en algo así en Lima es como ver la primera entrega de Viaje a las estrellas en nuestro televisor en blanco y negro.

¿Por qué en el Perú no avanzamos más rápido en algo tan crucial y urgente? ¿Dónde está el nudo a desatar? En primer lugar, no se puede dejar de mencionar que las empresas deben buscar mimetizar de la mejor forma las estaciones base: compartir —cada vez que sea posible— dichas estaciones para evitar saturar el paisaje y, finalmente, coordinar de manera previa detalles como el lugar, la forma y el momento de la instalación. Sin embargo, el nudo está en el Estado, en los gobiernos locales.

Según la información del último Ranking de Barreras Burocráticas del INDECOPI, solo en el 2017, se identificaron 49 casos en los que se había impuesto barreras burocráticas ilegales, o carentes de razonabilidad, a la instalación de antenas. La municipalidad con más procesos en Lima ha sido la de Santa Anita. Este municipio promulgó hace algún tiempo la ordenanza Nº 00089-MDSA, que establece requisitos adicionales, como planos de plantas, estudios de impacto acústico, fotomontaje de dónde irá la antena y copias de contratos con privados que incluyan firmas legalizadas, entre otros. Todos pedidos ilegales e irracionales.

Pero este ejemplo es síntoma de una enfermedad evidente. Según la Encuesta de Satisfacción del Ciudadano, de Apoyo (2017), los usuarios de los gobiernos locales son los que menos confían en el Estado. Solo un 23% confía en sus alcaldes. Y según esta misma encuesta, las entidades que más documentos burocráticos piden son las municipalidades, y su mala gestión es lo que más insatisfacción causa en el contribuyente.

Entonces, con todo esta evidencia en la mesa (la dispersión de poder en las municipalidades y su vaga pero discrecional autonomía es una reforma pendiente del Estado), ¿puede ser cierto que el MTC busca burocratizar otra vez el proceso de instalación de antenas, así sea agregando un solo eslabón a la cadena? Queremos creer que no.

Cada vez que una empresa operadora o de infraestructura encuentra trabas en los municipios, los que perdemos somos los contribuyentes que pagamos impuestos, que entendemos la importancia de la conectividad, y que sí queremos el desarrollo del país. Tengan cuidado, señores del MTC, no sea que su “pequeña” reforma se convierta no en un paso adelante en el desarrollo, sino en un paso más de regreso a las cavernas.