El necesario debate en torno al régimen especial del agro

 

Dentro del pedido de facultades delegadas planteado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso, existe un ítem relacionado con la ampliación de la vigencia del marco promocional del empleo en el sector agrario previsto en la Ley 27360. Se pretende, además, extender dicho régimen a la actividad acuícola y forestal, para permitir la expansión de nuestra economía y asegurarle un mayor potencial de crecimiento en el mediano y largo plazo.

Si revisamos la diversa data sobre la situación del empleo en el país en los últimos años, nos encontramos con la evidencia de cifras pesimistas con relación a la generación de empleo; salvo las que se observan en el sector agrícola, que viene creciendo a cifras muy importantes, lo que ha derivado en que un cuarto de los empleos formales del país se encuentre en el sector agrícola.

En efecto, de acuerdo con el INEI, la tasa de desempleo a nivel país se ha incrementado y supera el 8% de la PEA (cifra similar a la que se presentó en el 2012), y el empleo adecuado ha descendido en Lima Metropolitana en 2.5%. Sin embargo, esta cifra contrasta con el crecimiento del empleo formal en el sector agrícola, que nos evidencia que cerca de 800,000 empleos formales se encuentran vinculados al sector, siendo más 40,000 de esos empleos los generados en los últimos 12 meses.

Un aspecto que llama la atención, debido a que puede generar un fuerte incremento del desempleo en el sector formal, es que el Estado ha aprobado, hace un par de semanas, una serie de medidas para disminuir el gasto corriente. Esto producirá una contracción significativa en la generación de empleo, pues el Estado ha sido un gran generador de puestos de trabajos en los tres últimos años. Así, tenemos que en el año 2016 el empleo formal creció 52% en el sector público, frente al 48% generado en el sector privado. Y esa situación no ha variado significativamente el 2017. Esto no es sano para nuestra economía, pues en una economía abierta (como la nuestra) el sector privado debe ser el gran generador de puestos de trabajo, entre 75% y 80%.

Toda la evidencia presentada da cuenta de que en el corto y mediano plazo existe la necesidad de seguir impulsando las actividades del sector agrícola, cuyo éxito está ligado a dos factores fundamentales. El primero, de carácter natural, que tiene relación con el privilegiado clima que presentan las diversas regiones de nuestro país, lo cual a su vez nos permite contar con mucha diversidad de productos agrícolas cultivables durante todo el año. El segundo gran factor es el régimen laboral y tributario previsto en la Ley 27360, cuya vigencia se ha previsto hasta el 2021.

A nivel del Congreso de la República existen proyectos de ley orientados a derogar el régimen de promoción mencionado, pero también hay propuestas en el sentido de que se debería contemplar un periodo adicional para permitir que se potencie y logre la plena tecnificación de gran parte de la actividad agrícola. En especial para profundizar la mediana y pequeña agricultura, que hoy se mantienen en el sector informal. 

En efecto, al cierre del 2017 nuestras exportaciones agrícolas han superado la cifra de los US$ 6,300 millones, y se espera que este año sean del orden de US$ 7,000 millones, debido al gran auge de estas actividades y los cada vez más diversos mercados de destino; por ellos ya es, luego de la minería, la segunda actividad generadora de divisas para el país. El tema de las exportaciones a China es una situación que nos puede graficar el potencial de nuestra agricultura: la exportación de paltas ha crecido en 8,000%, y en el caso de los arándanos en poco más de un año se ha presentado un crecimiento de 517,900%. Mencionamos esta data (gran parte obtenida de Semana Económica), por el potencial que implicarían los mercados de Australia e India, con los cuales estamos en un proceso muy avanzado para la firma de un acuerdo comercial. 

Con relación a la extensión del régimen de la Ley 27360 a las actividades acuícolas y forestales, es importante poner como evidencia que tales actividades representan para Chile, miembro de la Alianza del Pacífico, en el caso del sector forestal una cifra de exportación cercana a los US$ 6,000 millones; y en el sector acuícola, solo en trucha y salmón, las exportaciones superaron los US$ 400,000 millones en el año 2017. Todo lo que hemos referido debiera permitirnos en el mediano y largo plazo incrementar significativamente la formalización de nuestras actividades, en especial la actividad agrícola, que conjuntamente con la de servicios, representan las cifras más altas de informalidad, específicamente en lo que respecta a la mediana y pequeña agricultura.

Finalmente, en cuanto a la perspectiva de nuestra economía en el mediano y largo plazo, al 2025 debemos lograr superar una presión tributaria superior al 20% (hoy la presión tributaria media de la región está en el orden de 22%), que en ningún momento de nuestra historia se ha logrado superar. Si bien en la década de 1950 se lograron tasas que han superado el 19% de presión tributaria respecto del PBI, lo mismo ocurrió en el periodo entre el 2013 y 2015, con una tasa ligeramente superior al 18%. En esta perspectiva es muy relevante la formalización de las diversas actividades, con énfasis en las actividades cuyas cifras son altas en informalidad, como es el caso de la agricultura.

Por todo lo reseñado, existe suficiente evidencia que sustenta la necesidad de evaluar y perfeccionar el régimen contemplado en la Ley 27360. El debate debe darse con la data, los expertos, la academia y los diversos actores, lejos de los discursos políticos carentes de contenido. Bienvenido el debate alturado con apertura las ideas. El resultado de este proceso, sin duda, será beneficioso para nuestro país.