Darío Enríquez

Darío Enríquez

El eterno retorno de lo irracional

Se nos acaba el “oxígeno” de los noventa

El eterno retorno de lo irracional
Darío Enríquez
09 de mayo del 2018

 

La noticia se veía venir. El abandono de la racionalidad en el manejo económico —que afecta el clima de negocios, las inversiones y la generación de empleos productivos— es más que evidente en el Perú. Desde 1997, cuando se acabó ese quinquenio inédito de nuestra historia en el que tuvimos un manejo racional de la economía (1992-1997), vamos cuesta abajo. Aunque esa primavera de libertades económicas tuvo como artífice al presidente Fujimori, llevando adelante grandes reformas liberales con firme decisión política, fue él mismo quien inició el retroceso, al volver la vista hacia una heterodoxia económica que calzaba a la perfección con la pérfida intención de perpetuarse en el poder.

En efecto, una economía sana impide la farra electoral, aquella que se requería para la segunda reelección del 2000. Vladimiro Montesinos había logrado eliminar uno a uno a los personajes que estaban en el entorno presidencial y que no respondían a su control. Alberto Fujimori no se percató o simplemente poco le importó que su asesor controlara (casi) todo, mientras fuera eficaz. Pero esa eficacia —signo hasta entonces de su gobierno— se había trasladado desde los grandes objetivos nacionales de reconstrucción y pacificación, a los objetivos subalternos de quienes habían convertido al gobierno nacional en fuente inagotable de intrigas y corruptelas.

Sabemos cómo acabó todo. En noviembre del 2000, gracias a un acuerdo extraconstitucional que suscribieron todos los grupos políticos —incluido el movimiento electoral de turno en el fujimorismo—, el presidente Fujimori fue destituido como respuesta al vejamen sufrido por todo el país con su renuncia desde Japón. La grave corrupción política revelada en los llamados “vladivideos”, dos meses atrás, hizo insostenible el tercer período fujimorista. Se instauró un gobierno de transición encabezado por Valentín Paniagua y luego, en sucesivas elecciones con transferencia pacífica y constitucional, gobernaron los presidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

Haciendo una retrospectiva, todo este tiempo —los últimos 18 años— en verdad se dejó en manos del “piloto automático” el manejo macro de nuestra economía, mientras se retrocedía flagrantemente en la reducción y simplificación del Estado. Se volvió a convertir el Estado en la gran agencia de empleos del gobierno de turno. Regresaron mil y un trámites que entorpecen los emprendimientos, convirtiendo estos trámites en “generadores de rentas” para un Estado ávido de mayores recursos para su aplicación en el monstruoso aparato corrupto y corruptor que reemplazó —corregido y aumentado— al que sufrimos a fines de los noventa. También se abrieron las puertas a las malhadadas políticas “sociales”, un espacio privilegiado para las trapacerías y las corruptelas más viles, pues en el mejor de los casos el 80% de los recursos se quedaban en los intermediarios de todos los pelajes, mientras los beneficiarios apenas llegaban a recibir un 20%, si no era menos. Y se “transnacionalizó” la megacorrupción con la intervención del socialista Foro de Sao Paulo, el líder socialista Lula Da Silva y las grandes empresas mercantilistas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS y otras, múltiples brazos financieros de la gran mafia auriverde.

En suma, vivimos durante más de dos décadas “haciendo la fiesta” sobre la base de lo que se construyó en el quinquenio 1992-1997. Vivimos una bonanza que parecía no tener fin. Fue tan importante lo logrado en los noventa que pudo sostener dos décadas de crecimiento, y la reducción de la pobreza llegó a niveles nunca alcanzados: de 65% a 21%. Pero hoy estamos en el punto de inflexión. Los últimos siete años fueron fatales: entre Ollanta y PPK hicieron trizas la capacidad de nuestra economía para continuar sosteniendo el proceso. Vamos cuesta abajo. La crisis que hizo colapsar al gobierno de PPK en un escándalo de corrupción, lo señala directamente a él como uno de los más grandes operadores corruptos de estas dos últimas décadas. Pero ese dedo acusador —sin excepción alguna— pone en evidencia a todos los gobiernos habidos desde fines del 2000. La luz de alarma se ha encendido: los guarismos de pobreza volvieron a crecer, no hemos sido capaces de reactivar los proyectos mineros paralizados, cunde la confusión y, en ese estado de cosas, la inversión privada se retrae en forma consistente.

El nuevo gobierno del presidente Vizcarra no parece tener ni fuerza ni firmeza suficiente. Goza de esa calma relativa que todos necesitamos después de las crispaciones provocadas por el empecinamiento de PPK, quien debía haber renunciado una vez que sus fechorías fueran descubiertas a mediados del 2017. Ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial estuvieron a la altura de los acontecimientos. Se amagaron ciertos destellos de justicia, haciendo prisioneros a quienes han cometido el mayor latrocinio y han participado en la más grave megacorrupción que conoce nuestra historia. Pero han retrocedido frente a las presiones de los poderes fácticos —grandes consorcios, medios de comunicación dominantes, instancias del Ejecutivo, aparatos de control en el poder judicial, etc.— metidos hasta el tuétano en la megacorrupción.

Por su lado, el Congreso inició procesos políticos que pudieron ser valiosos, pero terminaron en circo sin pan. Debemos reconocer su relativo éxito al forzar finalmente la renuncia de PPK, pero el costo de zozobra e inestabilidad que pagó el país fue demasiado alto. Sin contar los escandaletes que pusieron en vitrina el penoso nivel de algunos congresistas, muchos de ellos integrantes de la mayoría neofujimorista y que gozan de punible protección. Agreguemos a ello el enorme desprestigio por la complicidad del disidente congresista Kenji Fujimori y su corte, quienes no dudaron en devenir en operadores del corrupto aparato montado por PPK para aferrarse al poder. Los kenjivideos fueron imbarajables.

¿Se atreverá el presidente Vizcarra a tomar decisiones fundamentales para que retorne la racionalidad al gobierno? ¿Será capaz de devolvernos a las luces de las libertades económicas, los emprendimientos, la creación de empleos productivos y la prosperidad? ¿Tendrá la habilidad política de llegar a acuerdos programáticos con el neofujimorismo, que a veces parece tener amnesia respecto de los logros de los noventa?

 

Darío Enríquez
09 de mayo del 2018

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