Economía, riqueza y gobernanza

Para lograr seguridad jurídica y consensos políticos claros

“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”

Antonio Machado

 

Todo indica que el país ha ingresado a una etapa de recuperación económica. El entorno internacional así lo indica, y se espera un crecimiento del PBI global cercano al 4%; lo cual es bueno, ya que ayuda al Perú y a otras economías emergentes que estaban prácticamente paralizadas, cuando no en retroceso. Es obvio que un factor fundamental para esto es la subida de los precios de los metales (especialmente el cobre y el zinc); en ese orden de cosas, sería absurdo negar lo evidente, o sea que gran parte de los ingresos del Perú derivan de la exportación de minerales. Mal que les pese a los enemigos de la minería, dependemos aún de este factor para nuestro crecimiento y para parar la olla fiscal; así será hoy y por varios años más y hasta que se cambie la matriz productiva, que para nada significará eliminar la minería. El país necesita y necesitará explorar y explotar sus recursos minerales y naturales en general. Lo otro, es decir que no haya explotación de la riqueza, es un absurdo que solo cabe en la cabeza de fundamentalistas extremos o violentistas que aprovechan de los impactos para ganar terreno político.

 

Es obvio que la exploración y explotación de los recursos, cualquiera fuera su naturaleza, tiene que darse dentro de estándares que hace rato están establecidos en el mundo, y que el Perú tiene que asumir responsablemente a través de sus políticas públicas y normas transparentes. Empezando, en lo material, por el máximo cuidado del medio ambiente en general y del agua en particular. Y, en lo social, promoviendo y controlando desde el Estado el cumplimiento de la Consulta Previa, que en estas circunstancias significa dar participación, opinión y derechos a los pueblos que se vean impactados por los proyectos.

 

A estas alturas la promoción de la explotación de recursos naturales debe tener como dirección y marco general una estrategia con visión de avanzar al proceso de construcción de la gobernanza, entendida esta como el camino a la inclusión de las poblaciones organizadas —más aún de los afectados— en la toma de decisiones y la solución de las controversias. Ya no es posible imponer verticalmente un proyecto usando al Estado como escudo o como elemento de intimidación. La vía es el diálogo democrático desde el comienzo de los proyectos, o de reordenamiento democrático de aquellos que ya están en camino. Los fundamentalistas antimineros, los agitadores extremos y los logreros quieren precisamente la imposición de los proyectos para azuzar a las masas e impedir el desarrollo de esos proyectos.

 

En esa línea, el Estado y las empresas tienen que ponerse de acuerdo con las comunidades o poblaciones de las áreas de influencia de los proyectos. Solo el camino del diálogo, que aísle a los oportunistas de toda laya, permitirá que el Perú aproveche sus recursos naturales en beneficio de todas las partes. Con ese criterio es que saludamos que se haya creado el Viceministerio de Gobernanza Territorial en la PCM, que debe ser punta de lanza en la nueva estrategia para avanzar hacia, precisamente, la gobernanza; empezando por atender con una nueva visión los conflictos actuales, los latentes y los posibles.

 

Por ahora las correas seguirán saliendo principalmente de un mismo cuero. La capacidad de cambiar la matriz dependerá de cómo se usan los recursos obtenidos, para ir gradualmente hacia una diversificación productiva industrial, que sea competitiva en esta era de la inteligencia artificial y robótica.

 

Necesitamos de inversión económica del Estado y del sector privado. Este último solo es posible si se le brindan condiciones de seguridad jurídica y consensos políticos claros.

 

Edgar Villanueva