Desigualdad y desorden presupuestal en la metrópoli

El desorden urbano de nuestra ciudad es directamente proporcional a la desigualdad en el presupuesto, en todos los niveles, tanto en Lima como en el Callao. Es un grave problema que se mantiene por varias décadas, sin que el Gobierno metropolitano, el Ejecutivo ni el Congreso tengan la voluntad de revertirlo. Esto ha originado un sistema injusto y caótico, tanto en las transferencias que se reciben, en la recaudación tributaria y en la propia ejecución financiera. Los ciudadanos demandan, con razón, que los alcaldes cumplan sus funciones, pero no se percatan de que la capital de la República carece de los ingresos necesarios para enfrentar la alta demanda de servicios y la mejora de la infraestructura.

Nuestra ciudad aporta al fisco el 49% del ingreso por Impuesto a la Renta, pero recibe un financiamiento que no se condice con su aporte al financiamiento del Presupuesto Nacional. Por cada siete soles que el Callao recibe por transferencias del Tesoro Público, la comuna metropolitana solo recibe un sol. Casi toda la carga que llega o sale del Callao utiliza con alta intensidad las principales vías de Lima Metropolitana, ocupando amplios espacios; pero la MML no se beneficia del canon aduanero, que en su integridad favorece solo a los chalacos.

Viendo la situación desde otro ángulo, un reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señala que en Lima Metropolitana el 53% de los ingresos de las municipalidades se concentran en el Cercado de Lima, San Isidro, Santiago de Surco, San Borja y Miraflores. Mas de la mitad de lo recaudado se genera en solo cinco distritos de la ciudad, de un total de 43 distritos, expresando la necesidad de crear mecanismos de redistribución más justos, pero también de sistemas de recaudación más eficientes. Solo así se logrará una gestión más equilibrada del conjunto de la ciudad, particularmente para atender a los distritos con infraestructura precaria pero donde ha crecido una nueva clase media. Lugares donde se han volcado importantes inversiones en el gran comercio, sedes de universidades privadas, agencias bancarias, franquicias de todo tipo, empresas grandes y medianas, además de miles de mypes.      

Es ilustrativo observar la disposición de recursos por habitante. Mientras en el distrito de Santa María se dispone de S/ 28,268 anuales por habitante y en el de San Isidro de S/ 3,355; en distritos como el Rímac, Comas, El Agustino, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Martin de Porres y Villa El Salvador tienen un presupuesto anual inferior a S/. 250 por habitante al año. La verdad es que estos últimos siete distritos ya no son tan pobres como hace veinte años, pero sus recaudaciones tributarias acusan una fuerte morosidad y una pésima capacidad de inversión y gestión de servicios.

El nuevo liderazgo que surja de las próximas elecciones (en octubre de este año) tiene el espacio histórico de una amplia legitimidad en una triple dimensión para abordar esta problemática. La primera es generando una demanda autonómica de la capital, que ya ciudades como Buenos Aires, Bogotá o Quito han experimentado. El centro de esa demanda autonómica —que tantos réditos le dio a Mauricio Macri como exgobernador de Buenos Aires para proyectarse a la presidencia de su país— es exigir el financiamiento para modernizar las ciudades capitales. El alcalde de Lima tiene capacidad de iniciativa legislativa y debe proponer reformas en este ámbito a fin de aumentar radicalmente las transferencias en recursos y competencias que debe recibir.

Una segunda dimensión corresponde a la modernización de los sistemas de recaudación de impuestos y arbitrios, utilizando las modernas tecnologías de información y creación de incentivos. Llama la atención, por ejemplo, que el actual alcalde de Lima no haya tomado la decisión de liderar una propuesta integral de convenio con las empresas (privadas) de energía eléctrica para que, con todas las municipalidades distritales, se utilice el Decreto Legislativo N° 1253 y se  recaude masivamente el arbitrio de serenazgo para mejorar los servicios de seguridad ciudadana. El éxito de este mecanismo podría dar lugar a que más adelante se pueda hacer lo mismo con otros arbitrios, como los de limpieza pública y de parques y jardines.

La tercera dimensión, más difícil de implementar, es realizar una propuesta de reforma que permitan modificar la gran asimetría existente entre los ingresos que reciben unas y otras municipalidades, así como la gran desigualdad entre los ingresos por transferencias entre la comuna metropolitana y el Callao. Se requiere aquí una fórmula creativa que no les quite a los chalacos recursos, sino que cree incentivos y mecanismos de redistribución a través de los cuales tanto el Callao como Lima Metropolitana salgan ganando, ya que al final de cuentas forman parte de una sola megaciudad. Es un gran desafío a la creatividad de los expertos en tributación y para lograr un nuevo pacto fiscal entre ambos espacios de una misma metrópolis. Sin embargo, eso supone leyes del Congreso de la República.