Cuatro proyectos de ley y un referéndum desesperado

 

El absurdo ambiente de confrontación permanente, de agitación de odios y de creación de enemistades irreconciliables sigue siendo la marca de fábrica del (des)Gobierno del presidente Martín Vizcarra en este 2018, que fuera irónicamente denominado “Año del diálogo y de la reconciliación”.

La virulencia con que la animadversión, la violencia verbal e incluso las amenazas directas a la integridad física de las personas desbordan no solo en redes sociales ,sino también las escenas cotidianas, nos llevan a un escenario en el que podría destruirse gran parte de lo logrado desde las reformas de los noventa. Desde la visión de aquellos que mueven la economía real —quienes arriesgan capitales e invierten— la imagen del Perú se deteriora día a día por la incapacidad de sus actores políticos para ponerse de acuerdo en aspectos fundamentales. Algo que sí sucede en cualquier otro sistema democrático viable.

Estamos transitando nuevamente hacia el abismo de la inviabilidad como país porque, al parecer, ciertos grupos que podemos identificar como representantes de los “poderes fácticos” están tomando control de todos los hilos del poder. Con ello pretenden evitar la acción de la justicia por la festinación de US$ 150,000 millones en proyectos que fueron engullidos por la megacorrupción.

El Gobierno viene de forzar un referéndum que propone reformar aspectos importantes del modelo político. Se trata de cuatro iniciativas en temas bastante sensibles para los ciudadanos, según la coyuntura que vivimos: 1) Consejo Nacional de la Magistratura; 2) Financiamiento de partidos políticos; 3) Reelección inmediata de parlamentarios; 4) Bicameralidad. De origen, el proceso está viciado porque la consulta incurre en un falso dilema: no hay dos sino varias opciones en cada punto, y estas deberían ser contempladas para mostrarse en la consulta.

La primera reforma, que modifica la forma en que se constituye y funciona el Consejo Nacional de la Magistratura, más allá de un pintoresco cambio de nombre, es más de lo mismo. Se pretende, como en los otros casos, la aprobación ciega de una caja negra. Como no podemos ni debemos votar sin ejercer nuestro derecho de diferenciar detalles y matices, como no debemos ser llevados de las narices, aquí corresponde un sonoro “no”.

En el financiamiento de organizaciones políticas, debería consultarse en específico si los ciudadanos están de acuerdo con que el Estado regale dinero de los contribuyentes a los políticos. Ya no les basta con que los electos tengan jugosas remuneraciones y mantengan una enorme burocracia política, ahora pretenden extender esa burocracia incluso a políticos no elegidos. Eso no podemos permitirlo. Los recursos (impuestos) que son extraídos violentamente a ciudadanos que lograron esos ingresos en forma esforzada, deben aplicarse a obras y bienestar público, no al mantenimiento de parásitos políticos. Otro sonoro “no”.

El tercer punto es una barbaridad. No hay país del mundo que tenga tal prohibición de reelección, inmediata ni mediata, de congresistas. No tiene ni pies ni cabeza. En verdad, la discusión debiera ser otra. Se trata de recuperar la representatividad y la rendición de cuentas de los congresistas respecto de sus electores. La no reelección no tiene nada que ver ni con uno ni con otro. Al contrario, se pierde la débil rendición de cuentas que existe hoy con la reelección; y que muy pocos aprueban, pues los ciudadanos sancionan consistentemente desde hace mucho, reeligiendo solo a un 20% de sus congresistas. Ese rechazo ejemplar no podrá ejercerse con la propuesta de no reelección. No constará el rechazo ciudadano, como sí consta hoy. Peor aún, al afectar la libertad de elegir de los ciudadanos, quien sea electo no sería realmente representativo del pueblo en su jurisdicción. El camino es otro. Esta consulta debería dividirse en dos: a) Establecer el distrito electoral uninominal; b) Definir una renovación parcial a medio período.

En la modalidad de distrito electoral uninominal se divide la población electoral en 130 partes aproximadamente iguales, y en cada parte se elige un (y solo uno) congresista. Así se afina la representatividad, se elimina el corrupto y corruptor voto preferencial, estimulando que los partidos escojan a su mejor elemento en cada uno de los distritos (un solo candidato por partido). Se reduce además dramáticamente el voto viciado al minimizar errores materiales en expresión de preferencias, evitando también la manipulación de casillas preferenciales vacías en las cédulas. Además todos los congresistas serían pares entre sí, pues representarían a un porcentaje similar de electores, no como hoy en que tenemos congresistas con un millón de votos y otros apenas con dos mil, favorecidos estos últimos por el efecto “arrastre”.

El formato uninominal trae consigo, además, tanto la revocatoria universal como la renovación parcial. Para revocar a un congresista bastará convocar elecciones en su jurisdicción y solo en su jurisdicción, facilitando tanto la operatividad como la expresión de aceptación o rechazo popular. Otro tanto con la renovación: solo se activaría en los distritos pertinentes. La renovación parcial establece un mecanismo de evaluación y rendición de cuentas. Otro “no”, esta vez en la tercera reforma.

La cuarta reforma ni siquiera resiste discusión. La inmensa mayoría de ciudadanos no quiere bicameralidad porque eso implica aumentar el parasitismo político. Ya hemos vivido tiempos de bicameralidad y ese sistema fue en parte responsable de que en 1990 se nos legara un país destruido e inviable. Entre las cuatro reformas, este “no” es el más grande de todos.

¿Necesitamos más evidencias para reconocer que el referéndum, impuesto en forma poco inteligente —aunque muy efectista— por el presidente Martín Vizcarra es un desesperado intento orientado a “nadie sabe qué”? Está bien, concedo que sí sabemos cuál es su objetivo, pero es una vergüenza: proteger a la megacorrupción del socialista Foro de Sao Paulo, el reo en cárcel Lula Da Silva, las empresas mercantilistas brasileñas como Odebrecht y otras. Pero muy en especial a los asociados locales encabezados por Graña Miró-Quesada y el Club de la Construcción, en relación sanguínea y por accionariado con el Grupo El Comercio y su ultraconcentrada red mediática. La megacorrupción lo controla todo menos el Congreso, desde donde se le está poniendo en evidencia. Y hace poco perdió el control de la Fiscalía de la Nación, en donde el ex fiscal Sánchez protegió a placer a los corruptos que medraron desde el poder Ejecutivo en los gobiernos de Toledo, García, Ollanta (con Nadine) y Kuczynski. ¿O no?