¡Visas, congresistas y el aliento a la intolerancia total!

Una llamada “Coalición ciudadana” ha comenzado una recolección de firmas solicitando “No más visas para los congresistas que destruyen la democracia peruana”. Entre los diversos argumentos que se plantean para la señalada solicitud está el hecho de que el 91% de los ciudadanos desaprueba el desempeño del Congreso, y se menciona la aprobación de una serie de leyes que, supuestamente, afectan la lucha contra la corrupción y violan el principio de la separación de poderes.

Es evidente que toda la argumentación para la solicitud proviene del arsenal progresista y de los llamados sectores caviares en el Perú. No obstante, el nivel enfrentamiento e intolerancia al que han llegado con esta iniciativa revela a una especie de Guerra del Fin de Mundo o una forma de guerra civil sin balas. Posiblemente se trate del primer caso en América Latina en que un sector político solicita a gobiernos extranjeros intervenir en las decisiones del Congreso a través de la cancelación de visas. 

Quienes están informados saben que estas iniciativas son inviables en las relaciones diplomáticas. Sin embargo, llama en extremo la atención la voluntad colonial de los sectores progresistas que, sin apoyo popular, sin representación en el Ejecutivo, en el Congreso, en las regiones y municipios, y sin posibilidades electorales en el 2026, únicamente invocando unas gaseosas encuestas sobre la aprobación del Legislativo, convoquen a gobiernos externos para detener las decisiones del Congreso.

Queremos destacar estos hechos para reflexionar por qué estamos llegando a este nivel de polarización en el que, paradójicamente, el progresismo nacional no gobernará, por sus escasas posibilidades electorales. Ya no solo se trata de los relatos y narrativas que construyó el progresismo y que alentaron una guerra política sin precedentes –desde el informe de la Comisión de la Verdad hasta las demonizaciones de la minería, de las agroexportaciones y de la industria pesquera– sino de una voluntad de confrontación y eliminación del adversario que está causando una gran reacción nacional.

Cuando los progresistas, con Martín Vizcarra, sumaron una gran aprobación presidencial, el control de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el control de las instituciones del sistema de justicia y el Tribunal Constitucional, en vez de dialogar y convocar a una hegemonía a su favor, iniciaron una de las más feroces judicializaciones de la política en América Latina. Las derechas e izquierdas que ganaban elecciones fueron judicializadas, humilladas y perseguidas. Luego del golpe fallido de Castillo y el triunfo del Estado sobre la violencia insurreccional sobrevino la reacción antiprogresista. Y en ese momento nos encontramos.

Es evidente que el Congreso comienza a cometer excesos en la llamada reacción antiprogresista o en el intento de desmontar “el orden institucional” que terminó encumbrando a Pedro Castillo. Sin embargo, el progresismo comete un gravísimo error al fomentar la radicalización del enfrentamiento político a niveles impensados, tal como sucede con la solicitud para negar visas a los congresistas que no obedecen los resultados de las encuestas.

En este contexto, algún sector debe proponer detener la guerra e iniciar un armisticio político para encontrar salidas y convergencias. El Perú no puede seguir desangrándose en una guerra de autodestrucción y en la que quienes más perderán son los llamados sectores caviares.

Vale señalar que hoy el Perú procesa una reacción política en contra de los abusos de un sector político del país. Todavía no asoma la reacción social conservadora que suele acaecer en este tipo de procesos. Allí las cosas serán más complicadas incluso para quienes criticamos al progresismo con la mejor buena voluntad. Finalmente, el Perú es el país más conservador de América Latina y fue agredido por una ofensiva progresista de tres décadas. Veremos.