En la segunda encuesta de IPSOS a nivel nacional para la segunda vuelt...
En algunos sectores de las clases medias altas de Lima ha comenzado a surgir una corriente que señala que un eventual gobierno de Roberto Sánchez de Juntos por el Perú no causaría demasiado daño porque la centro derecha podría formar una mayoría en el Senado y la cámara de diputados y detener cualquier despropósito. Y si las cosas se agravan, según este razonamiento, existiría la posibilidad de vacar a Sánchez.
En este tipo de razonamiento errático se ignora que, luego de las reformas establecidas en el sistema político, en el sistema bicameral actual la cámara de diputados acusa al jefe de Estado ante el Senado y la cámara alta decide la vacancia con dos tercios de los votos. Hoy, en el Senado, la izquierda radical (Juntos por el Perú y Ahora Nación) tienen los votos necesarios para evitar esa vacancia.
La izquierda radical antisistema y el eje bolivariano conoce y ha analizado esta realidad y es improbable que se vuelvan a cometer los mismos errores que durante el proceso revolucionario de Pedro Castillo. En ese sentido, un gobierno de Sánchez se movería entre la movilización por la asamblea constituyente y la extrema burocratización del Estado para bloquear inversiones, fomentar la informalidad, y lentificar el crecimiento, evitando avanzar en la reducción de pobreza.
Imaginemos un escenario tomando en cuenta la experiencia de Castillo. Con la llamada “Agenda 19” el gobierno de Perú Libre avanzó en la colectivización de las relaciones laborales: se prohibió la tercerización laboral, se liberalizó el derecho de huelga y se fomentó la formación de todo tipo de sindicatos. El objetivo de estas reformas era crear comités de obreros de fábricas que, en una situación extrema de polarización, procedieran a tomar las empresas privadas, tal como sucedió en Chile durante el gobierno de Salvador Allende. Un gobierno de Sánchez seguiría en esta ruta incrementando el sueldo mínimo vital y ampliando los supuestos derechos que colectivizan la economía.
En este contexto, inevitablemente se produciría una colisión con el Congreso y los legisladores enfrentarían una disyuntiva: o aceptan las nuevas colectivizaciones –tal como hoy se han aceptado los decretos de la Agenda 19– o se enfrenta el desborde de la demagogia.
En cualquiera de los dos escenarios la izquierda radical antisistema y el gobierno de Sánchez pasarían a la llamada ofensiva revolucionaria, según los textos leninistas. Una plena ofensiva política, y si el Congreso no se allana, se pasaría a la movilización popular y toma de las calles al estilo boliviano.
La supérstite inteligencia cubana y los desterrados estrategas venezolanos que pululan alrededor de los predios de Sánchez de ninguna manera cometerán nuevamente los errores del fracaso de Castillo. En esta ocasión jugarán dentro y fuera de la institucionalidad, aunque es evidente que la táctica de movilización popular será el eje prioritario.
De pronto, un sector indolente de la sociedad, que suele no votar por no perder un día de descanso, se encontrará en el mismo aterrador escenario de Bolivia, tal como llegamos a encontrarnos luego del fallido golpe de Pedro Castillo, que desató una verdadera insurrección y dejó un saldo de 60 peruanos muertos. Si no hubiese sido por la firmeza de nuestras fuerzas armadas y la decisión de algunas bancadas legislativas, a lo mejor el Perú hoy estaría embarcado en el camino revolucionario de la constituyente.
Creer entonces que un posible gobierno de Sánchez no causaría daño al Perú es tragarse todo el relato progresista que, en las últimas dos décadas, ha señalado que en el país no hay una colisión entre el sistema y las propuestas antisistema. Incluso se llega a afirmar que el golpe fallido de Castillo y las 60 lamentables muertes que causó es el resultado de las limitaciones políticas del profesor de Chota.
Todo señala, todas las tendencias convergen en una disyuntiva insalvable para el Perú: o triunfa la propuesta revolucionaria de la izquierda radical que destruye y empobrece sociedades o gana la mayoría de la sociedad que busca afirmar el Estado de derecho, consolidar las libertades y la pluralidad política.
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