Tía María y la guerra anti minera

Reflexiones en torno a la ofensiva violenta de grupos radicales contra la minería.      

El anunció de Southern Perú Cooper Corporation (SPCC) de que se retiraba del proyecto de Tía María y su marcha atrás de horas después desató una ola de especulaciones sobre las intenciones de la compañía minera. Diversos observadores señalaron que se habría tratado de una manera de presionar a un gobierno que ha demostrado una terrible indiferencia con un proyecto que implica una inversión de US$ 1,400 millones de dólares y que generará alrededor de 3,500 empleos. Si las cosas van por allí, ¿qué hay detrás de este confuso incidente?

De una u otra manera, con el gesto de la minera se estaría reclamando abiertamente que el estado, como el representante de la soberanía nacional que entrega las concesiones, asuma su responsabilidad frente al desmadre que pretenden organizar los sectores anti mineros del país. Es decir, que el estado se convierta en la bisagra, el intermediario natural, entre las compañías mineras titulares de las concesiones del subsuelo y las comunidades y localidades donde se desarrollan los proyectos mineros.

Cuando un funcionario de SPCC denunció que Tía María se cancelaba “porque había surgido un nuevo tipo de terrorismo anti minero”, en realidad, estaba denunciando que no hay un solo argumento que justifique la conducta de los antimineros. En el estudio de impacto ambiental sobre Tía María se ha llegado a tal nivel de consensos y armonía entre agricultura y minería que, inclusive, ya no se usará agua de río sino que se desalinizará agua de mar. Sin embargo, el fin de semana, las protestas que impulsaron los anti mineros dejaron cerca de 20 heridos.

Como ya los hemos sostenido en este Portal, la batalla sin cuartel que libran los radicales antimineros contra el proyecto Tía María es parte de la guerra que sostienen contra el modelo económico. El objetivo es ahogar la inversión minera, una de las columnas del crecimiento de las últimas décadas, y crear los espacios y escenarios para el regreso del estatismo. Argumentos ecológicos  no existen. Las mineras usan tecnologías mundiales de punta y en este caso –vale repetirlo- se usará agua de mar.

En el plan antiminero se busca paralizar US$30,000 millones de dólares en emprendimientos creando conflictos sociales y ambientales artificiales. Entre la lista de inversiones amenazadas están Las Bambas, Tía María, Conga, Quellaveco, las ampliaciones de Cerro Verde, Constancia y otros. Pero el objetivo en el sur es bloquear Tía María para luego avanzar sobre Las Bambas, el proyecto nacional más grande, que compromete inversiones por US$ 10,000 millones.

No obstante la bonanza económica reciente, el estado cobraba impuestos pero no hacía obra suficiente a través del gobierno central, regiones y municipios. Se crearon islas de prosperidad frente a la eterna exclusión y pobreza de las mayorías. Ante ese abandono, el radicalismo antiminero demonizó a la empresa privada y la convirtió en la causa de todos los problemas.

La ausencia del Estado y la renuncia de los partidos políticos a enfrentar este tipo de problemas han dejado a las compañías inermes frente a los radicales, en medio del desconcierto de la población. Las empresas no surgieron para “hacer política” y enfrentar estratagemas sino para invertir, crear riqueza y generar rentabilidad. Si las cosas no cambian dramáticamente, no lamentemos que, dentro de muy poco, se termine con el potencial minero del país.

30 - Mar - 2015