TC debe respaldar a PNP en resguardo a minería

Las organizaciones no gubernamentales antimineras insisten en liquidar la inversiones utilizando todos los recursos y artimañas posibles. En ese sentido, la noticia de que el Tribunal Constitucional (TC) debatirá y someterá al voto en los próximos días una demanda iniciada por supuestos líderes comunales de Espinar, contra la posibilidad de que la Policía Nacional del Perú (PNP) resguarde la seguridad en las unidades mineras, es un punto crucial en la actitud que debe asumir el Estado en la defensa de la Constitución y las leyes que amparan el desarrollo de la producción minera. Sobre todo en el Corredor Vial del Sur en donde se emplazan las principales minas del Perú.

Si las inversiones mineras en el Perú están amparadas por la Constitución, las leyes y los convenios internacionales, y la PNP no puede resguardar las inversiones en las alturas del país, entonces nuestra sociedad está regida por la ley de la selva. Porque todos sabemos que el radicalismo antiminero solo tiene un arma para paralizar o bloquear la producción de las minas: la violencia abierta. Vale recordar que en el mencionado Corredor se ubican las minas Cerro Verde, Las Bambas, Antapaccay, Constancia, Quellaveco y otros proyectos, que producen más del 50% del cobre nacional y le agregan cerca de un punto al PBI.

 ¿De qué se trata la demanda en el TC? En mayo del 2019 diversas organizaciones no gubernamentales –lideradas por “Derechos Humanos Sin Fronteras”, conocida institución promotora del “post extractivismo”–, junto a un grupo de supuestos dirigentes mineros, presentaron una demanda al TC sobre la constitucionalidad o no de los convenios firmados entre la empresa Glencore Antapaccay y la Policía Nacional del Perú.

Dicha demanda será debatida y sometida al voto en los próximos días. De aceptar la demanda, el TC le habrá puesto la cruz al Estado de Derecho y a la seguridad jurídica en el país. ¿Por qué? Porque hoy la Policía Nacional, vía convenios, garantiza no solo la seguridad de Glencore Antapaccay, sino también de muchas otras empresas mineras que son acosadas constantemente por grupos antimineros que organizan paros y protestas violentas. De apartar a la PNP de la seguridad en las operaciones mineras se estaría abriendo las compuertas para que la turba antiminera entre a tomar las operaciones, como lo han hechos en otras ocasiones.

Las organizaciones antimineras le han puesto la puntería la Ley N° 27238 (Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú), que permite la posibilidad de celebrar convenios entre la PNP y las empresas privadas. Asimismo, también quieren derogar otra norma  (Decreto Supremo N° 003-2017-IN) dada en el 2017, que estableció los “Lineamientos rectores para la ejecución de los servicios policiales en cumplimiento de la función policial”, la cual permite que los policías fijen sus remuneraciones sobre los convenios con las empresas.

Pero, ¿por qué es necesario que la PNP garantice la seguridad en las operaciones mineras? Por la sencilla razón de que dichas operaciones están casi siempre alejadas de las zonas urbanas y a más de 4000 m.s.n.m. En estos lugares el Estado apenas existe, y por eso el resguardo de la seguridad se vuelve necesario. Así, a pesar de que las empresas mineras tienen su propio sistema de seguridad, la PNP garantiza las condiciones para el funcionamiento de estas operaciones.

¿Qué sería de Las Bambas, por ejemplo, si la PNP no garantiza que los radicales antimineros no tomen sus instalaciones? Hoy las organizaciones no gubernamentales antimineras intentan liquidar, a través de esta estrategia, la seguridad en el Corredor Vial. Por eso aseguramos que de ocurrir un fallo en el TC que avale la propuestas de las oenegés antimineras se habrá quebrado el Estado de derecho y jurídico.

El hecho de que más de cerca de 130 unidades mineras tengan el resguardo de la PNP revela que la minería moderna, a pesar de ser un motor de progreso fundamental para el crecimiento y la reducción de pobreza, todavía está a merced de los radicalismos.