SUNAT acosa a Panamericana

¿Se atreverá el TC a trastocar nuestro sistema jurídico revisando una cosa juzgada?

Una espada de Damocles pende sobre Panamericana Televisión, es decir, uno de los principales canales de señal abierta:  La SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) pretende cobrarle una deuda tributaria que las cortes nacionales e internacionales han establecido que no le corresponde honrar.

Pero el asunto adquiere color de hormiga. Sucede que la SUNAT insiste en que el Tribunal Constitucional (TC) anule la sentencia que el propio TC otorgó a favor de Panamericana y que es cosa juzgada. No sería descabellado entonces comenzar a hablar de un tema que afecta a la libertad de prensa. ¿Tiene que ver este acoso con que  Panamericana haya destapado los casos López Meneses y Ecoteva, ejerciendo un periodismo independiente y crítico?

Esta historia comenzó con la administración judicial de dicho canal que un juzgado le otorgó a Genaro Delgado Parker entre el 2003 y el 2009. Durante esa gestión no solo se quebró a Panamericana, se le descapitalizó de equipos, se acumularon deudas con los periodistas y trabajadores, sino que además se dejó de pagar las deudas tributarias con el Estado. En otras palabras, el Estado intervino a una empresa privada, la quebró y dejó de pagar las deudas a la SUNAT. Ese mismo Estado no le dijo nada a Delgado Parker, pero luego pretendió jaquear a la empresa cuando los accionistas mayoritarios recuperaron el control.

Ante las pretensiones del Estado, Panamericana interpuso una acción de amparo que llegó hasta el TC. Considerando que una sentencia de la Corte Interamericana de DDHH había establecido que Frecuencia Latina no estaba obligada a pagar obligaciones que se habían generado en situaciones similares que Panamericana, el TC le dio la razón a la empresa demandante. La SUNAT interpuso recurso de revisión y nulidad, pero el TC volvió a ratificar la razón de Panamericana. De esta manera la resolución del máximo organismo constitucional se convirtió en cosa juzgada.

Ha trascendido que un sector de los nuevos miembros del TC pretendería revisar ahora esa sentencia. En otras palabras, se violaría la situación de cosa juzgada y se ignoraría la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de DDHH.

Si este despropósito se consuma el mensaje sería preocupante: en el Tribunal Constitucional no hay predictibilidad, no hay antecedentes válidos, porque una sentencia del propio TC puede ser cambiada si es que varía la composición de sus miembros. En otras palabras, no habría una institución ni leyes que valgan. Todo dependería del libre albedrío de los hombres.

Los jueces asumiendo una discrecionalidad que está  por encima de las leyes, de la cosa juzgada, de la jurisprudencia internacional, representan una amenaza para la democracia y, en este caso, para la libertad de prensa.