¡Sin Estado de derecho nunca existirá crecimiento!

La decisión de implementar una plataforma digital de ventas de tickets para visitar Machu Picchu –que coloque el servicio de acuerdo a los estándares de otros centros mundiales de turismo– ha desencadenado un paro que ha dejado varado a más de 1,800 turistas y acumula pérdidas diarias de alrededor de S/ 3 millones. La oposición proviene del sistema de ventas actual de la Dirección Desconcentrada de Cultura y algunos sectores de población vinculados a este sistema. En este contexto, en el Ministerio de Cultura se informa de desbalances en la venta de tickets que suman varios millones de soles.

Una de las cosas que llama la atención en el paro de Macchu Picchu es que se repiten las leyendas que suelen lanzar las izquierdas demagógicas: una supuesta privatización del santuario arqueológico porque la plataforma Joinnus se encargará de la venta de tickets. Otro de los hechos que llama la atención es violencia, los bloqueos y las paralizaciones que se utilizan para resolver un problema técnico, que debe ser resuelto por las entidades del Estado según las facultades establecidas en la Constitución y la ley.

Si recordamos que un año atrás, luego del golpe fallido de Pedro Castillo, la violencia de las vanguardias comunistas arremetió contra los aeropuertos en el sur, bloqueó carreteras, quebró el turismo, generando recesión en la mayoría de las regiones sureñas, vale preguntarse, ¿cómo pueden volver a suceder estas cosas frente a un intento de modernizar el sistema de ventas de entradas en Machu Picchu?

Es incuestionable que la quiebra del principio de autoridad, que la falta de respeto a la ley y la Constitución y la inacción del sistema de justicia frente a los violentistas, está instalando en el Perú una cultura de la anarquía, una tendencia generalizada a la disgregación social. ¿A qué nos referimos? En el Perú cualquier sector descontento –ya sea legal, informal o ilegal–, para conseguir sus objetivos recurre a la violencia, tiende a paralizar las actividades institucionales, económicas y sociales más cercanas para conseguir sus objetivos. En este contexto, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y el Poder Judicial asumen una actitud contemplativa y el Estado de derecho, el principio de autoridad de la democracia comienza a desaparecer.

Si desarrolláramos un análisis reduccionista del porqué el Perú no avanzó a tener un ingreso per cápita cercano al de un país desarrollado en el Bicentenario –tal como lo predecían diversos estudios económicos si seguíamos creciendo sobre el 5% anual como sucedía a inicios del nuevo milenio–, la respuesta debería ser por la ausencia de Estado de derecho. Por ejemplo, se paralizaron las mayores inversiones de cobre –sobre todo en el norte– que nos permitirían crecer sobre el 6% anual y reducir la pobreza por debajo del 15% de la población.

Para detener estos proyectos mineros, que colocarían al país en un lugar privilegiado en el planeta, no se plantearon argumentos alternativos de desarrollo o uno razonable en la defensa del medio ambiente. Todo fue leyendas, una suma de mentiras, sumado a la violencia generalizada. Con fábulas y leyendas las minorías radicales lograron detener el capitalismo peruano; o para decirlo de otra manera, la falta de Estado de derecho detuvo el capitalismo. Algo parecido sucedió para derogar la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360). Una suma de relatos, mentiras y violencia en el bloqueo de carreteras canceló una de las mejores leyes económicas del país.

Luego del golpe fallido de Castillo, el progresismo nacional e internacional pretende responsabilizar a las fuerzas de seguridad de la lamentable muerte de más de 60 peruanos, no obstante que todos contemplamos milicias revolucionarias pretendiendo quemar aeropuertos, incendiando decenas de comisarías, bloqueando carreteras para desabastecer a las ciudades y destruir el aparato productivo, con el claro objetivo de instalar una asamblea constituyente. A pesar de que las fuerzas de seguridad salvaron el Estado de derecho, las oenegés de izquierda pretenden culpar de las muertes al Estado y exculpar a las vanguardias revolucionarias.

Si se acepta ese tipo de relatos y de fábulas, no es extraño, pues, que algunas decenas de pobladores paralicen un santuario arqueológico de la humanidad. ¿O no?