¡Salvo la vacuna todo es ilusión!

El presidente Sagasti acaba de señalar que el Estado está cerrando contratos por 48 millones de vacunas. Sin embargo, no ha presentado cronograma alguno de la llegada de vacunas, excepto de apenas 50,000 vacunas de Pfizer para hoy miércoles. 

Si no hay cronogramas y los lotes llegarán a cuentagotas, entonces la inmunización de la sociedad peruana no estará garantizada en el 2021, y la posible tercera ola –las mutaciones del virus se producen con frecuencia– encontrará al Perú sin la mayoría de la población inmunizada. En este contexto, la letalidad continuará sin cesar (alrededor de 200 muertes diarias), y proseguirá la destrucción institucional, política y económica, y la restricción de derechos constitucionales bajo la conducción de una burocracia ideologizada que, seguramente, ya logró vacunarse.

Este devastador escenario podría cambiar, en el acto y radicalmente, si el Estado autorizara a los privados la libre importación y la distribución de las vacunas; si el Ejecutivo y el Congreso, simplemente, respetaran la Carta Constitucional, que establece que los peruanos tenemos derecho a un sistema de salud público y privado, y que la sociedad, las familias y los individuos tienen derecho a defender su vida y su salud.

Sin embargo, a estas alturas, los argumentos de la administración Sagasti para oponerse a que la sociedad, los ciudadanos y los privados importen y distribuyan las vacunas solo revelan la preeminencia de la ideología y el cálculo político sobre cualquier estrategia sanitaria para detener la pandemia.

Por ejemplo, se ha sostenido que los grandes laboratorios en esta etapa de producción mundial de las vacunas solo le venden a los estados. Al respecto, el embajador de la Federación Rusa, Igor Romanchenko, ya desmintió al Ejecutivo y ha señalado que sí se puede vender la vacuna Sputnik al sector privado y a los gobiernos regionales. Con la movilización de la sociedad y los privados, en pocas semanas el país lograría alrededor de 20 millones de dosis, una cifra que podría hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso frente a la pandemia en el 2021. La vacuna Sputnik está entre las mejores del mundo, tal como lo reconoce la revista Lancet.

De otro lado los argumentos del Ejecutivo acerca de que los laboratorios exigen las garantías de los estados, porque las vacunas están en tercera fase de los ensayos clínicos, podría resolverse con voluntad política: el Estado podría garantizar a todas las vacunas aprobadas y registradas por la FDA de Estados Unidos, la EMA de Europa y el Ministerio de Salud de la Federación Rusa. E igualmente, la Digemid de Perú debería homologar sus registros sanitarios con los de estas tres entidades extranjeras mencionadas.

Finalmente, la cuestión ya no es discutir quién es el privado o quién representa a la sociedad. De lo que se trata es de que vuelva a regir la Carta Política en el sistema de salud y se reconozca el derecho de los individuos, las familias, la sociedad y los privados a defender la vida y la salud.

Por todas estas consideraciones el Congreso y los tribunales de la República están en la obligación urgente de restablecer los derechos que los peruanos tenemos para defender la salud de nuestras familias frente a un Estado controlado por una burocracia ideologizada que solo ha sumado fracaso tras fracaso en el manejo de la crisis sanitaria.

En este contexto, en el Congreso existe una iniciativa multipartidaria que debe avanzar a extrema velocidad para permitir que la sociedad, los ciudadanos y los privados importen y distribuyan vacunas. A nuestro entender, esta ley debe establecer la homologación de los registros sanitarios de las vacunas en el Perú con los aprobados y registrados en la FDA de Estados Unidos, en la EMA de Europa y el Ministerio de Salud de la Federación Rusa. Igualmente, la norma debe establecer que el Estado peruano garantiza las vacunas en tercera fase de ensayos aprobados por las mencionadas entidades extranjeras.

Si el Congreso no asume su responsabilidad, entonces también será responsable de esta suma de yerros de un Estado fallido que aumenta la letalidad, destruye la economía y arruina el país. Por todas estas consideraciones, para garantizar la vida y la salud, las libertades políticas, el crecimiento y la reducción de pobreza, debemos garantizar la inmunización de la sociedad en el 2021.