¡Salida constitucional a la crisis solo a través del Congreso!

Los peruanos hemos cometido el peor error que se puede cometer en una república: elegir al peor candidato, al menos preparado y, sobre todo, vinculado a las corrientes comunistas y colectivistas. Cuando una sociedad se equivoca generalmente es destruida, aniquilada. Allí están los ejemplos del nazismo en Alemania y el nacionalismo militarista en Japón en la Segunda Guerra Mundial. Sin ir demasiado lejos, allí también está la destrucción y la tragedia en Venezuela.

Sin embargo, los sectores progresistas pretenden señalar que nunca hubo tal error ni tan gigantesca amenaza con la elección de Castillo. Señalan que el régimen político y económico continúa, y allí está el desgobierno general de la administración de Pedro Castillo, Perú Libre y el Movadef, y las denuncias e investigaciones que se acumulan contra el jefe de Estado.

Para reflexionar sobre el tema debemos preguntarnos, ¿por qué sigue vigente la Constitución de 1993 y el sistema de libertades? ¿Por qué continúa el régimen político y económico, no obstante el grave deterioro institucional y el frenazo económico? De alguna manera, frente a lo que empieza a suceder en Chile con la constituyente y en Ecuador con las movilizaciones indígenas, el Perú empieza a aparecer ordenado.

Algunos señalan que el proyecto bolivariano no ha avanzando en el Perú, al menos hasta la fecha, por la incapacidad e ineficiencia del propio Castillo. Otros señalan que las investigaciones y denuncias en contra del jefe de Estado y su entorno más cercano han frenado el avance colectivista. Todas estas aproximaciones tienen su parte de verdad. Sin embargo, a nuestro entender, el hecho capital que ha frenado el proyecto chavista en el Perú es la clara oposición del Congreso a la constituyente y las nacionalizaciones.

Si el Legislativo no hubiese archivado la constituyente y no hubiese detenido las nacionalizaciones, las limitaciones e incapacidades de Castillo no habrían significado nada frente a la movilización del eje bolivariano en el Perú. En ese contexto, Castillo habría sido convertido en un figurote y los asesores cubanos y bolivianos estarían deshaciendo y haciendo en el Perú.

Igualmente, si el Congreso no hubiese detenido la constituyente y las nacionalizaciones, las investigaciones del sistema de justicia en contra del jefe de Estado y su entorno más cercano no habrían avanzado. No es necesario tener inclinaciones académicas para entender que, en el Perú y América Latina, los sistemas de justicia, generalmente, son controlados por los ejecutivos.

El Congreso, pues, es la institución que nos ha salvado del proyecto chavista. Cuando el Legislativo archivó el proyecto de la constituyente del Ejecutivo, cuando se frenaron las nacionalizaciones, cuando aprobó una ley –ratificando lo establecido en la Constitución– que subraya que los procesos de reforma total o parcial de la Constitución debían pasar previamente por el Legislativo, de una u otra manera, se notificó al país, a las instituciones republicanas y a la comunidad internacional, que el poder político estaba en el Congreso.

De otro lado, la reflexión sobre cómo el Perú ha detenido la propuesta de la constituyente –al menos por ahora– debe servir para reflexionar acerca de la enorme importancia de actuar dentro de la Constitución y descartar cualquier posibilidad fuera de ella. Es indudable que se ha detenido la constituyente únicamente con los procedimientos de la Carta Política.

Para todos queda claro que la iniciativa de la asamblea constituyente es una al margen de la Constitución, y que solo puede implementarse con un golpe de masas. En ese sentido, vale señalar que la iniciativa del adelanto general de elecciones, igualmente, no está contemplada en la Constitución y solo puede materializarse con otro golpe de masas. No hay término medio. 

Sin embargo, lo más grave de la propuesta progresista de adelantar las elecciones es que coloca al Ejecutivo y el Congreso en las mismas condiciones. Es decir, coloca al Ejecutivo, responsable de la destrucción nacional, en la misma situación que el Legislativo, entidad que –más allá de errores garrafales– ha salvado el sistema republicano. En otras palabras, destructores y salvadores por igual ante un eventual golpe de masas que podría terminar en la constituyente.

Por todas estas consideraciones, hoy vale señalar con más énfasis: ¡Todo con la Constitución, nada sin ella!