Rospigliosi y la penalización de la libertad de expresión

En una insólita decisión del Poder Judicial, se emitió una sentencia de primera instancia condenando al congresista Fernando Rospigliosi a nueve meses de prisión suspendida por difamación agravada, luego de haber calificado a la ex Fiscal de la Nación, Delia Espinoza como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”. 

Vale señalar que Rospigliosi calificó de esa manera a la exmagistrada luego de que 350 efectivos de la policía nacional (PNP) fueran procesados por defender la Constitución y la ley después del golpe fallido de Pedro Castillo y del eje bolivariano. Incluso algunos de ellos están con prisión preventiva. Y luego también de que más de 1,600 efectivos fueran citados como testigos de los hechos y enfrentan la posibilidad de ser procesados.

En el acto, las organizaciones de la izquierda comunista solicitaron que la candidatura de Rospigliosi al Senado Nacional –por Fuerza Popular– fuese retirada por tener una sentencia de primera instancia y, entonces, pareció desvelarse la verdadera intención de penalizar el ejercicio de la libre expresión del senador en cuestión.

En el irrenunciable derecho de criticar las resoluciones judiciales que establece la Carta Política señalamos que las declaraciones de Rospigliosi no pueden criminalizar porque forman parte de un debate esencial del futuro político: el papel de las fuerzas de seguridad en la defensa del orden interno y la seguridad ciudadana. Un debate que, de una u otra manera, puede definir el futuro de la democracia, sobre todo considerando que la primera oleada que judicializó a los valientes soldados y policías que enfrentaron el terror comunista de Sendero Luminoso durante los años ochenta fue una condena de por vida.

¿A qué nos referimos? Bajo el arbitrario concepto de “lesa humanidad” los juicios y procesos se siguen reabriendo una y otra vez hasta que ancianos de más 80 años mueren en prisiones o fallecen en medio de procesos. Allí está el caso del almirante Luis Giampetri, un verdadero héroe nacional perseguido por la izquierda comunista.

En diciembre del 2022 y el verano del 2023, luego del golpe fallido de Pedro Castillo, milicias civiles –dirigidas por la izquierda bolivariana y la inteligencia cubana– se lanzaron a bloquear las principales carreteras del Perú con el objeto de quebrar la economía nacional y desabastecer a las ciudades. En las provincias del sur algunas vanguardias radicales se lanzaron a quemar los aeropuertos del sur. Por ejemplo, ¿qué sucedía si se destruía el aeropuerto de Puno? En el acto se quemaban el de Arequipa, Cusco, Huancavelica, Ayacucho y otras ciudades del sur. En ese contexto, la moral nacional se quebraba y la mayoría de peruanos hubiese creído que convocar a una asamblea constituyente era el único camino para restablecer la paz. Ese era el plan de la inteligencia cubana.

¿Cómo se evitó ese terrible escenario? Gracias a la firmeza y acción decidida de nuestras fuerzas armadas y policía nacional, que defendieron la Constitución y la ley sin renunciamientos. Sin embargo, hubo un saldo lamentable de más de 60 peruanos muertos.

En cualquier sociedad con sentido común los responsables directos de estas muertes serían los organizadores de las vanguardias radicalizadas que atacaron los aeropuertos. Sin embargo, aquí en el Perú la ideologización de un sector de magistrados ha judicializado a quienes deberían ser reconocidos y respetados por los peruanos.

Ese es el marco de la discusión. Y el ejercicio de la libertad de expresión del congresista Rospigliosi se enmarca en ese contexto. Es evidente entonces que no se puede penalizar el debate político, más allá de cualquier exceso que suele haber en estos intercambios. Por otro lado, Rospigliosi es el representante natural de la familia policial y militar, y la izquierda comunista no puede impedir que sea elegido senador. De ninguna manera.