Riesgos para la gobernabilidad hoy provienen de yerros del Ejecutivo y del Legislativo

Luego del golpe fallido de Pedro Castillo y la derrota de las olas insurreccionales en contra de la Constitución y el Estado de derecho quedó en evidencia la gravedad de la amenaza antisistema. El radicalismo, el colectivismo y los núcleos bolivarianos representaban una estrategia de poder alternativa al sistema constitucional democrático. Si se convocaba una constituyente el país habría entrado en una espiral autoritaria y totalitaria de difícil retorno.

Sin embargo, la resistencia institucional y democrática de las instituciones y la apuesta democrática de las mayorías silenciosas derrotó el radicalismo de las minorías organizadas en milicias que atacaban comisarías y entidades del Estado, y que bloqueaban carreteras. El 30 de mayo pasado un paro convocado por el radicalismo en Puno fracasó de principio a fin y la amenaza de una supuesta “Tercera toma de Lima” comienzan a caer en el ridículo. El principal enemigo del radicalismo y el violentismo: la recesión y desaceleración de las economías del sur que han quebrado la economía familiar y los mercados emergentes.

Por todas estas consideraciones no es exagerado sostener que los principales riesgos para la gobernabilidad provienen de los yerros que se acumulan en el Ejecutivo y el Congreso. De allí la importancia de que emerja una oposición democrática que le dispute al radicalismo la representación del descontento ciudadano.

Sin embargo, es fundamental que en el Ejecutivo se entienda que el Gobierno necesita justificar su continuidad de aquí al 2026. De lo contrario la desaprobación ciudadana se mezclará con la ineficiencia, la falta de transparencia y las denuncias de corrupción. El Gobierno está en la urgente obligación de garantizar un shock de inversiones en el sur –particularmente en Puno– e impulsar el avance de las obras de prevención frente a un posible fenómeno de El Niño en los próximos meses. En ese sentido debe ser capaz de convocar a reuniones de gobernadores con los alcaldes provinciales y con la participación del Congreso y la Contraloría General, con objeto de orientar la inversión y desarrollar reformas legales si fuese necesario. El tiempo se comienza a agotar para el Ejecutivo.

Por el lado del Congreso se requiere afinar el control político del Gobierno, desarrollar un humor opositor democrático y garantizar algunas reformas mínimas que mejoren el sistema de representación y relancen el crecimiento económico del país. 

El Perú necesita avanzar hacia el sistema bicameral para perfeccionar el equilibrio de poderes y superar las disyuntivas destructivas entre vacancia y disolución que han erosionado de gravedad al sistema democrático. Igualmente se necesita derogar la barbarie demagógica y populista que prohíbe la reelección de los parlamentarios y condena al país en una representación política cuesta abajo. Con cada elección el problema se agravará.

Por otro lado, el Legislativo necesita enviar señales que indiquen la voluntad expresa de que el sistema democrático vuelva a promover y garantizar la inversión privada como el protagonista principal del crecimiento y el proceso de reducción de pobreza. En función de ese objetivo necesitamos con urgencia derogar las normas laborales del Gobierno de Castillo, que prohíben la tercerización laboral, que fomentan la sindicalización artificial en fábricas, sectores y grupos económicos, y que liberalizan con irresponsabilidad el derecho a huelga. El objetivo: alentar la guerra de clases entre trabajadores y empresarios.

Asimismo, necesitamos restablecer la plena vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), con objeto de relanzar las inversiones en agroexportación, seguir formalizando el empleo agrario y avanzar en la formalización de más de 2 millones de parceleros que conducen cerca del 95% de las tierras dedicadas a la agricultura.

Si el Ejecutivo y el Congreso envían ese tipo de señales quedará en claro que el Perú se ha puesto a andar nuevamente y que el proceso social, económico y político del país representa la antítesis de la amenaza bolivariana.