¿Resurgen las amenazas a la gobernabilidad?

Las izquierdas radicales y diversos gremios sindicales pretenden convertir las Fiestas Patrias en una jornada de protesta en contra del Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República, exigiendo el adelanto electoral y denunciando un gobierno a favor de la empresa y en contra de los trabajadores.

El plan de las izquierdas radicales no es novedad por estas fechas. Bajo el argumento de que el Ejecutivo y el Congreso tienen menos de 10% de aprobación pretenden convertir a la calle en el actor definitorio de la coyuntura tal como, por ejemplo, sucedió con el golpe de masas en contra del gobierno constitucional de Manuel Merino. Y  tal como se pretendió hacer con las olas de violencia insurreccionales luego del golpe fallido de Pedro Castillo, con el objeto de quebrar el Estado de derecho y convocar a una constituyente. En este último intento fracasaron estrepitosamente.

Sin embargo, luego de la heroica defensa de nuestros soldados y policías del Estado de derecho que, lamentablemente, causó la muerte de 60 peruanos, las izquierdas de todo tipo intentaron convocar a las masas a ser protagonistas de la calle, pero fueron rechazados por la población. Se conoce de fracasos en Puno, Cusco, Huancavelica y Ayacucho. La población y las familias se focalizaron en enfrentar la recesión que había causado la violencia en las provincias del sur. Igualmente, las convocatorias del progresismo para protestar en Lima suelen caer en la ridiculez.

Todos estos hechos y tendencias llevaron a muchos a sostener que las amenazas a la gobernabilidad provenían de los propios yerros del Ejecutivo y del Congreso, porque no existían olas de protestas y en el Legislativo no había una oposición parlamentaria que apuntara al adelanto electoral. Los sucesivos errores y escándalos del Ejecutivo, de una u otra manera, pueden haber modificado esta situación.

Las marchas que se convocan para los próximos días se producen en medio de un desgaste general del Gobierno y una gran desaprobación del Legislativo. Por otro lado, en zonas como Apurímac, luego del golpe fallido de Castillo, comienzan a reactivarse alianzas entre la minería ilegal y sectores radicales para atacar a la minería moderna, tal como empieza a suceder con Las Bambas.

¿Acaso todo esto significa que vuelven las protestas y violencia del radicalismo como un actor principal de la coyuntura? No parece posible. De alguna manera el desastre y la devastación que ha causado el gobierno de Castillo es una especie de parteaguas con respecto a la tolerancia de las mayorías con el radicalismo. No se puede negar, por ejemplo, que los sectores antisistema siguen teniendo un tercio de las adherencias electorales, pero de allí a que vuelvan a jaquear a la democracia, como lo hicieron Ollanta Humala en el 2006 y Pedro Castillo en el 2021, parece bastante difícil.

La mayoría de la ciudadanía, para bien o para mal, hoy asocia todos los problemas acumulados en el país con el Gobierno de Castillo. Todos perciben que desde allí viene el declive y el deterioro, más allá de que las tendencias regresivas hayan empezado mucho antes. 

Por todas estas consideraciones no es exagerado sostener que, así como la hiperinflación de los ochenta nos curó por un buen tiempo de las demagogias y populismos, igualmente Castillo nos puede haber vacunado en contra del radicalismo por algunos años. Ojalá no nos equivoquemos.