La comisión de Constitución del Congreso de la R...
A nuestro entender, el Perú acaba de detener una de las peores amenazas al sistema republicano de las últimas tres décadas. Y considerando la alta carga ideológica de las vanguardias que desataron el caos, no es exagerado sostener que el país ha conjurado –al menos por ahora– uno de los peores peligros de toda su historia republicana. ¿Por qué nos atrevemos a señalar semejante tesis?
El plan insurreccional que se implementó en el Perú era absolutamente superior en magnitud y objetivos, por ejemplo, a los planes violentistas que se desarrollaron en Chile y Colombia. El motivo: aquí las vanguardias comunistas se propusieron la fractura general del Estado antes de la convocatoria de la constituyente. Ni en Chile ni en Colombia se pretendió paralizar todas las vías nacionales para desabastecer a las ciudades, ni se pretendió atacar los sistemas energéticos ni hídricos del país, ni detener los sistemas alternativos de transportes (aeropuertos y seguramente luego la comunicación marítima). Igualmente, en algo más de una semana, se causaron 20 lamentables muertes de peruanos, se atacaron alrededor de 20 comisarías y se hirió de gravedad a más de 200 policías.
Sin embargo, las instituciones republicanas –es decir, las mismas entidades que se enfrentaron abiertamente al golpe de Estado de Pedro Castillo– se pusieron de pie y respaldaron la decisión del Ejecutivo de decretar el estado de emergencia a nivel nacional y establecer el estado de sitio en algunas provincias. A estas alturas, si bien nadie puede asegurar que el proceso insurreccional contra la Constitución y el Estado de derecho ha terminado, es incuestionable que hemos recuperado la mayor parte de la ley y el orden en el país: las vías nacionales están despejadas, los aeropuertos en el sur han vuelto a funcionar y los activos críticos del país (sistemas energéticos e hídricos) están resguardados.
No obstante, vale señalar que los principales actores en la recuperación del Estado de derecho, de la ley y el orden, han sido las fuerzas armadas y la policía nacional del Perú (PNP). Tal como sucedió tres décadas atrás con la derrota del terror de Sendero Luminoso, los civiles, una vez más, fracasamos en la defensa del sistema constitucional. Y el fracaso no solo se expresa en haber elegido al peor candidato de la historia republicana, sino también en el hecho de haber permitido que Castillo utilizara el Estado, durante más de un año y medio, para organizar el proceso insurreccional en curso.
He aquí una tesis central: la virulencia del ataque de las vanguardias contra la sociedad y el Estado si bien se puede entender por el financiamiento del narcotráfico, la minería ilegal, y las economías ilegales, es incuestionable que no se habría producido sin la instrumentalización de todo el Estado nacional. El Estado, pues, estuvo al servicio de la insurrección durante más de un año y medio.
Por todas estas consideraciones, la civilidad tiene una deuda con las FF.AA. y la policía nacional. En ese sentido, a nivel de regiones y provincias, las cámaras de comercio e industrias deben convocar a los gremios empresariales, barriales, organizaciones de trabajadores y demás entidades de la sociedad civil a formar frentes de desarrollo y paz para que nunca más minorías y vanguardias, muy organizadas y violentas, pretendan imponer la anarquía nacional.
Asimismo, entidades como el Ministerio Público, el Poder Judicial y la PNP deben desarrollar un plan nacional para identificar y procesar a todos los líderes de las vanguardias violentistas que atacaron comisarías, empresas privadas e intentaron estrangular la economía nacional. El mensaje de las vanguardias radicales es clarísimo: se queman casi todos los locales de la fiscalía y de los juzgados para alejar al Estado de las provincias del sur y crear zonas liberadas del Estado de derecho.
Todos estos hechos deberían llevar al conjunto de la sociedad, a la mayoría de peruanos y a las instituciones republicanas, a desarrollar una movilización de respaldo social y político a las fuerzas armadas y policiales, y a organizar la defensa legal de nuestro soldados que –tal como sucedió tres décadas atrás– hoy pretenden ser arrinconados judicialmente por salvar la vida y la paz de más de 30 millones de peruanos. ¡No lo permitamos!
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