Reforma judicial para terminar con la judicialización de la política

La judicialización de la política en el Perú no ha servido para acabar con la corrupción, sino solo para acabar con la política. Es más, luego de uno de los peores errores de la sociedad en la historia republicana –es decir, luego de la elección de Pedro Castillo– ha quedado absolutamente claro que la judicialización de la política solo ha servido para el desarrollo de las estrategias de las fuerzas del colectivismo. En las últimas dos décadas, llegaron al poder dos gobiernos claramente antisistema que proponían asambleas constituyentes. Ollanta Humala se morigeró y evolucionó hacia una izquierda progresista, pero Castillo perpetró un golpe fallido que es el origen de toda la desorganización nacional.

No es necesario ser muy zahorí para confirmar estas tesis. Alejandro Toledo ganó las elecciones luchando contra la corrupción. Humala también se hizo de la victoria con las banderas anticorrupción; asimismo, Pedro Pablo Kuczynski. Martín Vizcarra perpetró un golpe de Estado con la disolución del Legislativo también envuelto en las banderas contra la corrupción. Y Pedro Castillo fue la quintaesencia de la lucha contra este flagelo. Ya sabemos cómo terminaron los líderes que encabezaron la lucha contra la corrupción en el país: formando parte del grave problema.

La corrupción en el Perú, pues, es un fenómeno sistémico. Tiene que ver con la conversión del Estado peruano en uno de los más burocráticos de la región, no obstante los criterios desreguladores de la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio que firmó el Perú. En el país, cualquier dependencia en un ministerio, en un gobierno regional o en un municipio, se convierte en una suma de sobrerregulaciones y procedimientos, en donde los burócratas se convierten en dioses frente a la ciudadanía y la sociedad. Sobre esa realidad tan destructiva, ¿cómo así no va a prosperar la corrupción? 

La elección de Castillo y su gobierno nos revelaron que algunos sectores políticos identificaban la exclusión y la marginación como la negación a determinados sectores de participar del sistema de corrupción. Para decirlo con todas sus consonantes y vocales, de alguna manera la llegada de Castillo al poder “democratizó el proceso de corrupción en el Perú”.

En este contexto, un sector político del país asumió la estrategia de controlar las instituciones vinculadas al sistema de justicia y promover leyes con una deficiente tipicidad, con el objeto de judicializar a los rivales políticos. De una u otra manera, la necesaria disputa electoral a través del debate de ideas y de partidos políticos se trasladó al terreno de los tribunales. Los políticos que contenían el avance comunista y de las propuestas antisistema fueron neutralizados y, entonces, ganó Castillo. Y en vez de convertirnos en una sociedad de ingreso alto –como se predecía a inicios del nuevo milenio– nos empantanamos en una sociedad de ingreso medio y volvimos a aumentar la pobreza.

Por todas estas consideraciones la reforma del sistema legal y la modificación de leyes que establecen tipicidades controversiales es un asunto de primer orden. E, igualmente, la urgente reforma del sistema de justicia es una de las condiciones para recuperar las instituciones, un sentido constructivo de la política y relanzar el crecimiento y la reducción de la pobreza.

En este contexto, la propuesta de regresar a nuestra llamada Constitución histórica –en que un Legislativo bicameral, a través del Senado, elegía a los jueces y fiscales supremos– parece una idea interesante a discutir, como parte de la reforma judicial que necesita el Perú. Finalmente, vale recordar que esta modalidad de elección de magistrados supremos forma parte de las grandes tradiciones republicanas de las democracias longevas, sobre todo en los Estados Unidos.

Lo cierto es que el fracaso del Estado y del sistema de justicia en la lucha contra la corrupción y la extrema judicialización del sistema político –que han bloqueado nuestro camino al desarrollo y pone en peligro todos los logros económicos, políticos e institucionales de las últimas décadas– demandan una reforma integral del sistema de justicia. El debate debe iniciarse.