Radicales antimineros: ¡Enemigos del Perú!

Cuando el cobre se dispara, se pretende parar las minas

El precio de la libra del cobre superó el umbral de los US$ 2.70 por libra, luego de un avance sostenido desde que Donald Trump llegará al gobierno y anunciara un plan masivo de infraestructuras. La huelga desatada en la mina Escondida (en Chile, el mayor yacimiento cuprífero del planeta) y el conflicto laboral que se enfrenta en la mina Freeport McMoran (en Indonesia, otro gigante de la producción) explican la trepada en el precio del metal rojo.

En este contexto, es inexplicable cómo pueden existir algunos sectores que pretenden paralizar la producción nacional de cobre en circunstancias en que los precios pueden convertirse en verdaderas bendiciones para las arcas fiscales y la lucha contra la pobreza en el país. En este portal hemos informado más de una vez que el radicalismo antiminero se ha propuesto paralizar la producción de las minas del llamado “Corredor Minero del Sur”, utilizando el fracaso estatal en proveer servicios a las poblaciones, con el objeto de demonizar a las empresas mineras. En los últimos días, por ejemplo, se pretendió azuzar a la población local para bloquear la producción de Las Bambas, la mayor mina del país. Felizmente los radicales fracasaron.

Actualmente el Perú es el segundo productor de cobre del planeta. Y en el llamado “Corredor Minero del Sur” ahora se produce más del 50% del cobre nacional y se concentra el 60% de la cartera de proyectos mineros. En el mencionado corredor —que abarca los departamentos de Cusco, Apurímac y Arequipa— se emplazan los proyectos de Antapaccay (US$ 1,400 millones), Constancia (US$ 1,700 millones), Las Bambas (US$ 10,000 millones), Ampliación de Cerro Verde (US$ 5,600 millones) y Tía María (US$ 1,400 millones). Las minas del sur tienen el potencial para producir más de un millón y medio de toneladas de cobre, que se exportarían a través del puerto de Matarani.

Pretender paralizar la producción de cobre en el país, entonces, es un crimen social; sobre todo cuando cerca de la mitad de los US$ 18,000 millones que el Ejecutivo se había propuesto destrabar en obras de infraestructuras hoy están paralizados por el escándalo de la corrupción de Lava Jato. En momentos en que la inversión pública y privada no levantan vuelo, luego de una caída sostenida en los últimos tres años, ponerse de costado frente a la minería es una irresponsabilidad política y social.

Cada vez está quedando más claro que los radicales antimineros y las ONG ambientalistas pretenden paralizar la producción del metal rojo para favorecer a los grandes traders de cobre del planeta, que financian organizaciones ambientalistas a cambio de interrumpir la producción y conseguir ganancias inimaginables con el stock acumulado. Si todas las minas peruanas estuviesen produciendo (entre ellas Conga y Tía María), seguramente el precio del metal rojo no treparía tanto, pero nuestro país ganaría largamente por el volumen de la producción.

Alguna vez el Financial Times informó que si en el Perú se concretaran todas las inversiones planificadas en la siguiente década (cerca de US$ 53,000 millones para 52 proyectos), nuestro país estaría en condiciones de destronar a Chile como primer productor mundial de cobre. ¿Cómo un radical antiminero se puede llamar peruano si se plantea bloquear semejantes inversiones, si le niega a nuestro país el legítimo derecho a convertirse en el primer productor mundial del metal rojo? ¿Cómo se pueden argumentar falacias ambientalistas en contra de una movilización a favor de la inversión minera y la reducción de pobreza?