¡No detengan las inversiones agrarias!

La Ley de Promoción Agraria, Ley Nº27360, promulgada en el año 2000, declara de interés nacional las inversiones en el campo. Desde entonces, se ha producido un verdadero boom de las agroexportaciones, que se incrementaron casi en 900% en 18 años, pasando de US$600 millones en 2000 a casi US$ 7,000 millones en 2019. En este contexto, no se entiende cómo en el Congreso de la República sigue estancada la ampliación de dicha Ley —que vence el 31 de diciembre de 2021— hasta por los menos 30 años.

Por la Ley de Promoción Agraria el sector exportador es la segunda actividad productiva más importante del país (13% de las exportaciones totales y 3% del producto peruano) después de la minería (60% de las exportaciones totales). Los beneficios logrados están a la vista. Según la Asociación de Gremios Productores Agrario del Perú (AGAP), entre los años 1999 y 2010, se crearon 1.42 millones de puestos de trabajo formales con todos los beneficios laborales. Esto debido a la nueva cartera de 600 productos agrícolas de exportación que cumplen al milímetro todos los protocolos fitosanitarios exigidos por los 64 mercados más rigurosos del mundo. Una gran reforma económica para el país: el trabajo y el capital sosteniendo la economía nacional. 

La innovadora Ley de Promoción Agraria, que ha sido tomada como modelo para una ley similar en Colombia, formaliza el trabajo flexibilizando la contratación de los trabajadores, con pagos por dia de trabajo que incluyen la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, 15 días de vacaciones remuneradas, indemnización por despido arbitrario, aporte al seguro público (equivalente al 4% de la remuneración mensual), derecho a la libertad sindical y una jornada de trabajo de 8 horas diarias (48 horas a la semana). Gracias a todos esos beneficios de la Ley de Promoción Agraria ha surgido toda una nueva clase media rural en todo el Perú.

No obstante todos esos beneficios, en el Congreso, la izquierda antidesarrollo pretende espantar las inversiones en agricultura. Los congresistas del Frente Amplio (FA) y de Nuevo Perú (NP) han detenido la ampliación de la ley alegando los “derechos ganados” de los trabajadores, como vacaciones por 30 días y el aporte a EsSalud de 9%. Hay que recalcar que por la estacionalidad de las actividades del campo (siembra, mantenimiento y cosecha) los trabajadores están ocupados todo el año en distintas empresas (no en una sola). Asimismo, por tratarse de zonas rurales, en donde no existen los servicios de EsSalud, las empresas han acondicionado postas médicas para atender al 75% de sus trabajadores. 

Según los gremios de agricultores y exportadores, la ampliación por 30 años es necesaria porque en el país, como en cualquier otro lugar, nuevos territorios cultivables se integran a las actividades agroexportadoras constantemente. Además habilitar y recuperar los campos toma tiempo. A ello se suma que están pendientes proyectos hídricos como Majes Siguas II y Chavimochic III que, según se ha calculado, agregarán más de 100,000 hectáreas para la producción de exportación. Además, las actividades del campo son de gran riesgo debido a los fenómenos atmosféricos que no se pueden controlar. 

Los beneficios de la Ley de Promoción Agraria son visibles. Según el ministerio de Trabajo, la evolución de las remuneraciones en el campo creció de manera sostenida. En 2008 era S/ 929, en 2013 subió a S/ 1,248 y hoy es más de S/1,400, cifra ampliamente mayor a la Remuneración Mínima Vital (RMV) otorgada por el Gobierno. Asimismo, los niveles de formalidad en Piura, entre el 2001 y 2007 se elevaron de 3% a 32%. Además, la Ley Nº27360 otorga beneficios tributarios a las personas jurídicas o naturales que realizan actividades agroindustriales y avícolas. El régimen establece un impuesto a la renta de 15%, que se puede recuperar de forma anticipada del impuesto general a las ventas (IGV). 

De no extenderse la vigencia de la Ley de Promoción Agraria, como pretende la izquierda representada en el Congreso, se estima que inversiones por un monto de US$ 5,000 millones podrían irse a Colombia (que, como hemos dicho líneas arriba, ya cuenta con una ley similar) por la falta de confianza en el Perú. Se pretende aniquilar a una de las industrias más prósperas y hacer volver a la pobreza a toda esa nueva clase media rural.