Preservar el Estado de derecho para garantizar la reforma política

En estos días de turbulencia institucional, desatada por la crisis en el Ministerio Público y los enfrentamientos entre las instituciones tutelares de la República, desde este portal seguimos insistiendo en que se deben preservar a cualquier costo el Estado de derecho y los cronogramas institucionales establecidos en la Constitución Política. Cualquier camino diferente, a nuestro entender, significaría poner en riesgo la recuperación institucional, económica y social a la que avanza el país luego de un año del golpe fallido de Pedro Castillo.

En el Congreso, por ejemplo, más allá de las críticas y los evidentes yerros de la rama legislativa, se avanza en la reforma constitucional de la bicameralidad y la derogatoria de la absurda prohibición de la reelección de los parlamentarios, un paso fundamental en la reforma del sistema político.

La bicameralidad, a nuestro entender, es una manera de perfeccionar el sistema de equilibrio de poderes en medio de una erosión generalizada de la institucionalidad y la gobernabilidad. La propia existencia de un Senado como cámara revisora, en el acto, posibilitaría aprobar mejores leyes para el país y evitar que el Tribunal Constitucional (TC) se convierta en una especie de Senado de facto. Vale recordar que el protagonismo desmesurado del TC en las últimas crisis políticas, de una u otra manera, ha desatado feroces batallas entre el Ejecutivo y Legislativo que, finalmente, terminaron con el cierre inconstitucional del Congreso durante el gobierno de Vizcarra.

Por otro lado, la existencia de dos cámaras atempera la disyuntiva entre vacancia presidencial y disolución del Congreso que desencadenó las últimas crisis políticas. ¿Por qué? En un sistema bicameral el Ejecutivo solo puede disolver la cámara de diputados, mientras que el Senado permanece como la representación de la rama legislativa. En este contexto, se dificulta la aventura autoritaria. Igualmente, cuando se procesa una vacancia presidencial, la asamblea de diputados se convierte en la cámara acusadora en tanto que el Senado decide o asume el papel de tribunal final. Los contrapesos, los equilibrios del sistema bicameral, pues, posibilitan superar las cruentas polarizaciones que desató la destructiva disyuntiva vacancia o disolución.

Otro de los hechos más relevantes de la bicameralidad es que permite el diálogo intergeneracional dentro de los partidos, sumando la convergencia de varias generaciones en un proyecto político. Un aspecto que, a nuestro entender, fue una de las claves en los proyectos políticos partidarios del siglo pasado y que hoy parece estar ausente de la política. Al lado de estos factores, creemos que la decisión de eliminar la prohibición de la reelección de los congresistas es una herramienta clave para organizar una clase política profesional, vital, fundamental, para organizar cualquier sistema republicano.

Sobre estas bases se deberían considerar otras reformas constitucionales y legales que deberían empoderar y fortalecer a los partidos, sobre cualquier iniciativa. La reforma constitucional planteada en el referendo de Vizcarra, que limita el financiamiento del sector privado a los partidos, es otra de las medidas que ha erosionado el actual sistema de partidos. ¿Por qué? La única posibilidad legal y transparente de que los partidos actuales y los proyectos futuros se financien es a través del aporte privado bancarizado y transparente, tal como sucede en los Estados Unidos y las democracias desarrolladas. De lo contrario, las limitaciones al sector privado solo favorecen las estrategias de las economías ilegales y los financiamientos turbios de los proyectos bolivarianos a los proyectos antisistema.

Asimismo, en el objetivo de empoderar a los partidos frente a la injerencia de otros poderes y movimientos que surgen en la sociedad moderna y digital, se debería eliminar las llamadas elecciones primarias, abiertas y obligatorias, que le quitan poder a las dirigencias y estructuras partidarias en la elección de sus candidatos y, por el contrario, empoderan a las autoridades electorales del Estado y a los poderes fácticos de la sociedad; e incluso, a las economías ilegales en el caso de algunas regiones.

Preservar el Estado de derecho y los cronogramas institucionales establecidos en la Constitución, entonces, es vital para garantizar la reforma del sistema político. De lo contrario, se avanzará a una elección nacional en que se elegirá un Legislativo peor que el actual.