Política cocalera y el fin del Estado de derecho

Unos días atrás el campamento del proyecto de exploración Azuca, de propiedad de Compañía Minera Ares y ubicado en Antabamba (Apurímac), fue quemado y destruido por un grupo de mineros ilegales. Incidentes similares se han producido en otros asentamientos mineros, como Los Chancas, y se suman al constante asedio que desde hace meses soportan las más importantes minas del país, como Las Bambas y Cuajone. Pero el punto culminante de esta escalada violentista fue el enfrentamiento a balazos, producido la semana pasada, entre mineros ilegales en Atico, en Arequipa. El combate dejó como saldo 14 muertos; una verdadera tragedia. Así, el corredor minero del sur (que abarca zonas de Arequipa, Apurímac, Cusco y Moquegua) se empieza a convertir en una “zona liberada”  en la que no se respetan la Constitución, las leyes ni los contratos; en la que no operan los efectivos de la Policía Nacional de Perú (PNP) y el sistema de justicia se inhibe de investigar y procesar a los violentistas.

Lamentablemente no es la única “zona liberada” como producto de las cuestionables decisiones del Ejecutivo. Sucede lo mismo en el VRAEM (Valle de los ríos Apurímac y Ene), donde el Gobierno ha renunciado a la erradicación de los cultivos y también pretende eliminar los puestos militares que intentaban mantener el orden en esa violenta y peligrosa zona. Hace poco, en el Consejo de Ministros descentralizado realizado precisamente en el VRAEM, el primer ministro Aníbal Torres anunció que “para prevenir la conflictividad social al menos durante un año”, el Gobierno va a comprar toda la hoja de coca “de los actuales productores empadronados y de los que defina el nuevo padrón a construir”. Una decisión absolutamente ilegal, porque las leyes prohíben nuevos empadronamientos. 

No debemos olvidar que los cultivos de coca representan un problema de gran magnitud, porque las zonas de mayor producción, especialmente en la selva alta, son desde hace muchos años “zonas liberadas”, en las que impera el delito y el crimen porque los remanentes terroristas y los narcotraficantes no dejan entrar a la policía ni al Estado. Y no solo es el VRAEM, porque existen otras doce grandes zonas de producción de hoja de coca: La Convención (Cusco), Bajo Amazonas (Loreto), Inambari-Tambopata (Madre de Dios), Putumayo (Loreto), el Alto Marañón (Áncash, Amazonas, Cajamarca), Kosñipata (Cusco), Huallaga (San Martín), entre otras.

Con las recientes decisiones del Ejecutivo, lo único que se va a lograr es que se incremente la producción de coca, que ya está creciendo alarmantemente. Según DEVIDA (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas), en 2015 se producían 96,000 toneladas métricas de hoja de coca. Para el año 2020 esa cifra ya se había elevado a 146,000 toneladas. Es decir, un incremento de 52% en tan solo cinco años; algo que debería encender todas las alarmas, especialmente si recordamos que de la producción total de hoja de coca solo el 8% se utiliza para consumo industrial. El otro 92% va directamente al narcotráfico, como insumo para la fabricación de cocaína.Y el ministro Torres no ha explicado en qué utilizará el Estado toda la producción que comprará a los cocaleros.

Es cada vez más evidente el propósito del Gobierno de Pedro Castillo y de Perú Libre: que el Perú deje de ser una república unitaria, como lo es ahora, para convertirla en una plurinacional y disgregada. Es uno de los principales motivos de su tan cuestionado proyecto de nueva constitución. Y ante el rechazo popular y de parte del Congreso a la propuesta de asamblea constituyente, el Ejecutivo parece estar llevando a cabo su propósito de dividir al país mediante la creación de estas “zonas liberadas”. El Congreso y la oposición deberían reaccionar decididamente para evitar el inminente desmembramiento de nuestro país.