Paula parió un cadáver

¿Es aplicable una ley rechazada e impugnada en la sociedad? 

Hay leyes que en democracia nacen muertas. Cuando en una sociedad abierta se promulga una norma que tiene en contra a la mayoría de quienes se regirán por ella, entonces, tenemos sobre la mesa una ley inviable, inaplicable, que se momificará o derogará.

¿A qué viene todo esto? Algo parecido parece que sucederá con la nueva ley Universitaria que acaba de ser promulgada por el presidente Ollanta Humala, ignorando todos los vientos y mareas en contra que ha levantado en los claustros universitarios.

La nueva norma. que crea la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Suneau, dependencia del Ministerio de Educación) desatará en los próximos días una guerra judicial y constitucional sin precedentes, tal como lo han anunciado las autoridades universitarias. Por lo pronto, las universidades han informado que presentarán acciones de amparo con el fin de que no se aplique la nueva ley. Y la Asamblea Nacional de Rectores, organismo defenestrado por la Suneau, presentará una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Si las cosas son así, ¿cómo se aplicará la nueva legislación universitaria?

Si una ley puede ser impugnada en el TC y en el Poder Judicial es porque en democracia los ciudadanos y sus instituciones tienen derecho a hacer valer los contrapesos constitucionales y legales contra una norma que consideran violatoria de la Carta Magna. Durante la vigencia de la actual Constitución no se conoce de una ley que haya convocado tantos anuncios de acciones en contra en todos los tribunales habidos y por haber. Si todos estos anuncios se confirman, el régimen humalista habría desatado una verdadera guerra legal en los claustros y, a lo mejor, empiezan a aparecer una, dos o varias autoridades por universidad. Veremos.

Peor aún, el gobierno no parece ser consciente de las consecuencias de sus actos. En vez de convertir el tema de la ley universitaria en un tópico académico y técnico, el jefe de Estado exacerba la politización sosteniendo que no va a permitir “que las universidades sirvan de caja chica de los partidos”. El misil se dirige con claridad a los predios de la universidad San Martín de Porras y al Instituto de Gobierno que tiene al ex presidente Alan García a uno de sus principales animadores. Entonces, ¿la nueva norma es parte de una guerra política y no de una “reforma profunda” de la universidad? Nadie lo entiende, pero ya sabemos que la respuesta política vendrá tarde o temprano. Es decir, misil por misil.

Otra vez la pregunta: ¿Cómo cree el gobierno que va a implementar la nueva ley universitaria? Nadie lo sabe, pero en democracia es casi imposible que se ejecute, porque es más seguro que el próximo gobierno promueva su derogación y, mientras tanto, las universidades y sus autoridades se convertirán en verdaderos gladiadores en una arena legal nacional y también internacional.

Si no es en democracia, entonces, la única posibilidad de ejecutar la polémica norma sería imponerla el margen de la democracia, es decir, mediante un régimen autoritario que anule todos los contrapesos legales y constitucionales que consagra la Constitución.