Partidocracias versus gobiernos de las oenegés

En el Perú se convocó un referendo y se aprobaron una serie de normas para limitar el financiamiento del sector privado a los partidos políticos y la vida pública. A diferencia de las grandes democracias longevas, en las que se permite el aporte abierto del sector privado –siempre y cuando sea bancarizado y declarado–, en el país el progresismo logró hacer pasar el criterio acerca de que el financiamiento irrestricto del empresariado a los partidos tiene objetivos ocultos por la propia naturaleza de la burguesía. 

Sin embargo, es tufillo marxista en cuanto a limitaciones del financiamiento del empresariado a los partidos y la vida pública contrasta abiertamente con la libertad absoluta que tienen las oenegés para recibir fondos del extranjero y desarrollar acciones políticas y diversas políticas públicas en contra de la Constitución y las leyes nacionales, tal como sucede con las oenegés anticapitalistas en minería, agroexportaciones, pesquería y otros sectores.

De allí la enorme importancia de que el Legislativo apruebe el proyecto de ley aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que amplía las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para controlar y supervisar el financiamiento externo de las oenegés que desarrollan actividades políticas e influyen en las políticas públicas nacionales.

Sin embargo, detrás de las tesis a favor o en contra de controlar el financiamiento externo de las oenegés –no obstante que el proyecto de ley en el Legislativo lo único que hace es replicar las legislaciones sobre el tema de los Estados Unidos, del Reino Unido y de la mayoría de las democracias occidentales– existe un debate sobre el papel de los partidos políticos, el valor del sufragio democrático y la elección de los poderes soberanos en las democracias modernas. 

El progresismo a nivel mundial ha inventado la teoría de “la sociedad civil”, “del gobierno de la sociedad civil”, sobre la soberanía de los partidos e incluso de los propios legislativos. Las campañas contra el Congreso en el Perú, más allá de los evidentes yerros y despropósitos que comete la actual representación legislativa, son las mismas que se desarrollan en contra de los legislativos en Colombia, Chile y las democracias occidentales. Las encuestas y los humores circunstanciales de las mayorías contra los legislativos parecen decirnos que los congresos pueden legislar de acuerdo a cómo van las encuestas o las circunstancias. De lo contrario, se legisla en contra de la sociedad y se desencadena el adelanto electoral.

Bajo este tipo de razonamientos, entonces, los partidos políticos –es decir, los actores que presentan programas electorales y ganan elecciones y forman los ejecutivos y legislativos– son entidades prescindibles y subordinadas a la gaseosa sociedad civil. De esta manera, los partidos son controlados en todos los extremos por el Estado –tal como sucede en el Perú–, ganan elecciones y son fiscalizados por los electorados a través de los triunfos, las derrotas y la virtual desaparición política. Sin embargo, las oenegés, a las que nadie controla, se reclaman como las representantes de la sociedad y relativizan las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso.

No es exagerado sostener que en las últimas dos décadas, la democracia peruana se caracterizó por el gobierno de las oenegés y la virtual desaparición de los partidos, de las partidocracias. En este contexto, no es extraño que el país haya perdido la posibilidad de multiplicar su PBI y alcanzar el ingreso per cápita de una sociedad desarrollada por las políticas públicas, por las narrativas y fábulas que fomentaron las oenegés anticapitalistas. En cualquier caso, allí está el incuestionable empantanamiento nacional.