La comisión de Constitución del Congreso de la R...
La idea de un Gabinete de transición hacia el 2016 parece acertada
El presidente Humala ha convocado a una Legislatura Extraordinaria para que los congresistas se pronuncien sobre la ley del Régimen Laboral del Empleo Juvenil (también conocida como ley Pulpín), este lunes 26 de enero. Mientras tanto, simultáneamente, los colectivos juveniles se preparaban para marchar el mismo día. En este Portal nos hemos pronunciado abiertamente por los beneficios que podría generar esta norma que flexibiliza las condiciones de contratación de jóvenes entre 18 y 24 años. Sin embargo también hemos sostenido que, en democracia, no se puede sostener una norma con el rechazo de la mayoría de la población. Y eso es lo que estaba sucediendo. La calle se calentaba cada día en medio de una crisis general del gobierno nacionalista. En ese sentido, no será una sorpresa que el Legislativo derogue una norma que, a todas luces, representa un intento de formalizar el empleo de un sector de la población.
No obstante el gobierno debería extraer las lecciones de esta evidente derrota política. Una lección fundamental es cada actor del proceso político debe asumir su responsabilidad. Palacio es el primero que debería estar sentado en el banquillo, sobre todo por haber perdido una de las cualidades más importantes de cualquier gobierno: la capacidad de comunicar. Mientras el régimen fracasaba en todas las líneas en explicar los beneficios de la mencionada ley, el ministro del Interior, Daniel Urresti se dedicaba a atacar a los líderes de la oposición. Los spots publicitarios no reemplazaron la necesaria pedagogía que se necesitaba para semejante situación.
De otro lado, la falta de puentes y diálogos con la oposición se ha mostrado en esta coyuntura como una carencia que amenaza la misma gobernabilidad del país. El régimen fue incapaz de convocar y dialogar mientras la calle se encrespaba con lemas y proclamas que nos recordaban viejas recetas estatistas. Si hubiese habido los vasos comunicantes que existen entre el gobierno y la oposición en cualquier democracia con relativa salud, a lo mejor todo habría tenido un desenlace diferente.
A estas alturas la administración nacionalista se muestra demasiado débil, vulnerable, no solo por los problemas internos que empiezan a aflorar como expresión natural de una crisis en las alturas que se agrava, sino también por los que se generan por la fuga de Martín Belaunde Lossio a Bolivia y la hemorragia de especulaciones, acusaciones y rumores que se generan contra la mal llamada pareja presidencial.
Definitivamente, ha llegado la hora de que el régimen nacionalista le dé una vuelta de tuerca al estilo de gobernar si es que pretende llegar en buenos términos al 2016. El deber de cualquier gobierno en democracia no solo es administrar el país sino entregar el poder a la próxima autoridad electa y, tal como van las cosas, se dibujan enormes interrogantes sobre el futuro de la misma democracia. La idea de un nuevo gabinete de amplia convocatoria para transitar hacia el 2016 y enfrentar la desaceleración económica parece acertada o, si algo de esas dimensiones no es posible, el alejamiento de aquellos ministros que solo se dedican a atacar a la oposición podría ser un comienzo.
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