¿Otro Vrae en el Norte?

Los peligros de la paralización de la minería y el agro más la ausencia del Estado

En Cajamarca y Amazonas han comenzado a surgir zonas liberadas de la autoridad estatal que se expresan no solo en bloqueos de proyectos mineros emblemáticos, sino también en la preponderancia de las economías ilegales en el desarrollo económico y social. Es decir, el estado desaparece y se contribuye a paralizar la economía en medio de la expansión de las actividades ilegales. Dante Vera, ex jefe de gabinete de asesores del Ministerio del Interior y especialista en temas de seguridad, sostiene que el norte del país puede convertirse en un segundo VRAE.

El abandono del Estado a través de los gobiernos regional y local en Cajamarca y el desarrollo de inversiones mineras –que comenzaron a paralizarse por la conflictividad social- han creado una especie de “movimiento de excluidos de la minería”. Paradójicamente, la riqueza minera que se concreta a través del canon no se expresa en más carreteras, solución del problema del agua, mejor educación y salud. De otro lado,  en las localidades adyacentes a los proyectos mineros se ha desarrollado un evidente resentimiento entre quienes se engancharon a actividades de la mina y quienes no lo pueden hacer. Si a esto le sumamos el abandono de los partidos políticos, entonces, tenemos el cóctel perfecto para un nuevo Vrae.

Los jóvenes de estas áreas no tienen futuro en una zona donde solo la inversión privada cumple su papel mientras el Estado y los políticos abandonan todas sus responsabilidades. Centenares de muchachos se asientan en las márgenes del Marañón para desarrollar minería ilegal, tala ilegal e, incluso, sembrar amapola y vincularse al narcotráfico. El desarrollo de estas economías ilegales es incompatible con la inversión minera en Cajamarca y con la prosperidad de las cooperativas –por ejemplo- cafetaleras en Amazonas. Es decir, una zona liberada por las economías ilegales, tal como sucede hoy en el Vrae, anula la presencia del Estado, la democracia y la inversión en esas zonas.

Es sobre esa realidad que el radicalismo ecológico y los diversos radicalismos apuntan contra la inversión minera en esas zonas. Estas propuestas e ideologías se convierten en las envolturas de estas realidades conflictivas y, en vez de proponer reformar el estado, demonizan a la inversión privada. Los espacios de modernidad y los problemas que desencadenan las inversiones en áreas rurales por una ausencia absoluta del Estado se cargan a la cuenta de las compañías privadas. La pobreza continúa, no hay carreteras, agua, ni buenas escuelas ni postas médicas, porque la empresa minera es un demonio, un Lucifer.

Una de las herramientas ideológicas de la izquierda para deslegitimizar a  la economía de mercado es el concepto de los poderes fácticos, que alude a la influencia de determinados grupos de poder en el gobierno al margen de la Constitución y las leyes. Un poder fáctico no necesita ganar una elección. Gobierna desde la sombra. Sin embargo, en Cajamarca es necesario hablar de poderes fácticos locales.

Las rondas campesinas y las secciones locales del Sutep se ha convertido en los verdaderos poderes que gobiernan estas áreas. Ni los policías ni las autoridades judiciales pueden oponerse al control de territorios que desarrollan estas organizaciones en las localidades. La terrible fórmula que hemos conocido en el Huallaga y el Vrae ya se presenta en Cajamarca y Amazonas: economías ilegales y narcotráfico, poderes fácticos que controlan territorios locales, y abandono general del Estado.

De allí que cuando se defiende la inversión minera en estas zonas no se defiende a la empresa privada sino a la democracia y el mercado en general. La paralización de la inversión minera o agraria es el reinado de la economía ilegal.

(23 Set 2014)