Orellana y la crisis institucional

Reflexiones sobre el repunte reciente del crimen organizado en nuestra sociedad       

La captura de Rodolfo Orellana, jefe de una organización criminal que se había ramificado en el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso, las regiones, los partidos políticos y otras entidades, es una noticia con luces y sombras. Luces porque, de una u otra manera, semejante captura nos recuerda que no por gusto la democracia sobrevive tres elecciones sin interrupciones y avanza hacia un cuarto proceso electoral. La continuidad democrática crea reservas en la sociedad (como la libertad de prensa) y en las propias instituciones afectadas, para enfrentar la metástasis de la corrupción.

La organización de Orellana había penetrado de tal manera al Estado que, por ejemplo, en un régimen autoritario o en una dictadura, podría haber avanzado hasta el vértice del poder y entonces el desmantelamiento de la organización criminal habría sido imposible a menos que se produjera la caída del propio régimen. Así sucedió, por ejemplo, con el montesinismo en los noventa. Pero ese no es el caso hoy. La democracia puede auto regenerarse; ésta es una característica fundamental de cualquier sociedad abierta.

Pero la captura de Orellana también nos recuerda la increíble fragilidad institucional del Perú. Desde la demolición de la sociedad populista a cargo del fujimorato y de los intentos institucionales de la democracia post fujimorista no se ha avanzado mucho. Las entidades tutelares del Estado, los partidos políticos, y el espacio público en general solo convocan la desaprobación ciudadana. En este contexto se implementó la regionalización que, en vez de integrar, ha generado una fragmentación política que incrementa la vulnerabilidad de la democracia.

Este proceso de balcanización y crisis del espacio público se ha venido agravando, paradójicamente, mientras el país crecía y reducía la pobreza como nunca en su historia. El retorno del capital al agro y a las inversiones en recursos naturales desencadenó una descentralización económica extraordinaria y las provincias se llenaron de recursos.

Sin embargo, con una institucionalidad enferma, con los llamados partidos políticos sin presencia en el interior, y con el aumento de los recursos fiscales en las provincias, las gobiernos regionales y locales comenzaron a ser contempladas como objetivos a capturar por las economías ilegales que prosperan con la fragmentación general.

En este escenario comenzó a crecer como un tumor maligno e incontrolable la red criminal de Rodolfo Orellana, organización que doblegaba a jueces y fiscales, contrataba congresistas y se paseaba por los pasillos de los poderes del Estado arrebatando propiedades de humildes ciudadanos.

La gran interrogante que surge es, ¿cómo enfrentar la crisis de institucionalidad? No creemos que haya una fórmula única ni que existan las recetas que algunos suelen mencionar. Aquí necesariamente estamos obligados a transitar por una serie de ensayos y errores. No hay otra. En todo caso, las experiencias de las democracias desarrolladas son buenas líneas de referencia para la reforma.

Pero en el debate sobre la institucionalidad es necesario recordar que el final del estado y la sociedad populistas no ha dado paso a un nuevo modelo institucional.  ¿Cómo entonces prosperó el mercado? Por angas o por mangas, el mercado se ha desplegado con todas sus potencias sobre la base de islas institucionales de eficiencia y del compromiso del Estado –desde los noventa- de respetar a rajatabla la propiedad y las inversiones.

Sin embargo, la desaceleración económica del país nos desvela los límites de este modelo con democracia y mercado, pero con balcanización política e institucional. La creciente informalidad es la mejor rúbrica de esta realidad. Quizá si nos proponemos representar en las instituciones y en la política a la sociedad emergente y de mercado que ha surgido en las últimas décadas, encontremos la solución, pero eso significa mirar las cosas de abajo hacia arriba.

14 - nov - 2014