Nuevo Gabinete, pero falta dialogar

En medio de un clima de intolerancia de un sector del país, que señalaba que la decisión del Congreso de no otorgar la confianza al Gabinete Cateriano era un “chantaje”, el presidente Vizcarra nombró un nuevo Consejo de Ministros presidido por Walter Martos, general EP (r), ratificando a Martín Benavides como titular de Educación. Para todos era evidente que el choque de poderes que había determinado la negativa de confianza al anterior Gabinete no ha terminado en acuerdos y entendimientos entre el Ejecutivo y Legislativo, sobre todo considerando que la ratificación del titular de Educación había sido una de las causas principales de la discordia.

Si bien el jefe de Estado convocó al llamado Pacto Perú y empoderó al denominado Acuerdo Nacional –institución que no está establecida en la Constitución–, era incuestionable que no se había forjado un acuerdo entre el Ejecutivo y una coalición de partidos del Legislativo para formar una mayoría parlamentaria que otorgue gobernabilidad a la República para enfrentar la pandemia y la recesión. Entonces el diálogo y los acuerdos y condiciones, impostergables en cualquier sistema republicano, quedan pendientes.

Sin embargo, el Congreso –luego de la caída del Gabinete Cateriano– está obligado a otorgar la confianza al Gabinete Martos, como un acto de responsabilidad patriótica para que el Estado, el Ejecutivo, el Congreso y los gobiernos regionales y locales se empoderen para enfrentar la pandemia. Y para que convoquen al sector privado, a las Fuerzas Armadas y las iglesias a movilizar y organizar a la sociedad para enfrentar al Covid-19, tal como sucedió, por ejemplo, en Guayaquil, una zona donde explosionaron los contagios y se disparó la letalidad más alta de América Latina. Sin embargo, el concurso y la participación del sector privado y las iglesias arrinconó el avance de la pandemia.

Debe ser complicado para las bancadas del Congreso ignorar el hecho de que el Ejecutivo se rehusó a dialogar y, por el contrario, se ratificó la presencia de ministros que habían desatado el desenlace adverso para el Gabinete Cateriano. Sin embargo, la responsabilidad política con la República hoy obliga a otorgar la confianza al nuevo Gabinete Martos. Además el Congreso tiene innumerables tareas que abordar; como la de terminar con la selección de los magistrados del Tribunal Constitucional, por ejemplo. De allí que debería postergar cualquier acción que implique resucitar la confrontación con el Ejecutivo.

Si se desarrolla un nuevo clima político que establezca pausas e interregnos a la guerra política, que destruye instituciones y desarma al Estado para enfrentar la pandemia y la recesión, entonces todos los sectores de buena voluntad estarán en condiciones de entender el devastador momento para la peruanidad, en el que se combinan crisis sanitaria, política, institucional, económica y social –como no había sucedido en las últimas tres décadas- y que predispone y favorece las salidas aventureras a favor de los populismos y las demagogias colectivistas.

Hoy, por ejemplo, a diferencia de lo que sucedía en los últimos años, el proceso de reducción de pobreza está en franco retroceso. En medio de las muertes del Covid, que se multiplican, es como si el Perú comenzara un viaje hacia el pasado. Y la posibilidad de que la mayoría de la población padezca el flagelo de la pobreza está sobre la mesa. Allí reside la enorme importancia de relanzar la inversión privada como motor del crecimiento, generación de empleo y reducción de pobreza. 

Si el Perú sigue sumergido en la guerra política, el populismo y la demagogia serán las banderas que levantarán los ejércitos en disputa para ganar “el apoyo circunstancial de las masas”. En ese camino, simplemente se servirá la mesa a los colectivismos y comunismos, que se sientan en la platea para contemplar cómo se derrumban los logros institucionales, económicos y sociales de las últimas tres décadas.