¡No hay defensa de la vida sin Estado de derecho!

La campaña que han desarrollado las corrientes comunistas, los sectores progresistas y las oenegés de izquierda (nacionales e internacionales), de una u otra manera, tendrá un efecto en el desarrollo de una supuesta tercera toma de Lima por parte de las vanguardias vinculadas al Movadef y al eje bolivariano. Y por supuesto, también tendrá efectos en las decisiones del Ejecutivo y las demás instituciones encargadas de defender el Estado de derecho, por el temor a las acusaciones de violaciones de Derechos Humanos.

Luego de la derrota de las olas insurreccionales del radicalismo en el verano pasado, la campaña progresista y de las oenegés de izquierda que señalaba que en el Perú se violan Derechos Humanos y que los principales responsables de las lamentables muertes de más de 60 peruanos son las fuerzas de seguridad, se podría considerar como la primera etapa de la acumulación de fuerzas para una posible toma de Lima por parte del Movadef, el Partido Comunista del Perú - Militarizado y de todos los núcleos revolucionarios del eje bolivariano.

El progresismo construyó estas narrativas nacionales e internacionales ocultando la naturaleza de la violencia del verano pasado. Si recordamos, todos vimos a través de la televisión la acción de milicias –es decir, grupos que desarrollan acciones militares, al margen de portar armas– que atacaban aeropuertos, comisarías, edificios y locales del sistema de justicia en provincias, y que bloqueaban todas las carreteras nacionales con el objeto de quebrar la economía nacional. 

¿Qué hubiese sucedido si un grupo de milicias tomaba un aeropuerto del sur y mantenía el control? En el acto, se tomaban todos los aeropuertos del país, se consolidaba el bloqueo terrestre y quizá se bloqueaba la vía aérea. El país quedaba paralizado y la desesperación ciudadana habría llevado a aceptar la propuesta de la asamblea constituyente, tal como sucedió en Chile. En otras palabras, una típica insurrección de minorías –sin apoyo de las mayorías nacionales–, pero con un claro plan político y militar.

Ante esa amenaza devastadora para la democracia, las FF.AA. y la PNP desarrollaron el uso de la fuerza pública constitucional y legítima en defensa del Estado de derecho. Ante la violencia y radicalidad de las milicias, sobre todo en los aeropuertos, se produjo la terrible tragedia de más de 60 muertes. Para cualquier peruano de buena voluntad los responsables de las muertes están del lado de las milicias que atacaron el sector público y privado del país. Sin embargo, el progresismo ha volteado el debate, intentando neutralizar a las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia.

Ante la maniobra comunista y progresista debemos señalar que las fuerzas de seguridad del Perú defendieron el Estado de derecho, la Constitución y el sistema republicano. De lo contrario, triunfaba la insurrección y el proyecto político colectivista que ha aplastado todos los derechos humanos en la historia de la modernidad. 

Genera gracia extrema el argumento de los progresistas que suelen señalar que, antes de defender un aeropuerto, un edificio público o privado, está la defensa de la vida. A nuestros desinformados progresistas habría que señalarles que el único sistema en donde se defiende la vida es en el régimen republicano, en el sistema de Estado de derecho. Si hay dudas, vale recordar que los regímenes comunistas en Europa, Asia y otras regiones han causado más de 100 millones de muertos y han convertido el mundo moderno en océanos de sangre.

Los peruanos de buena voluntad ya sabemos que las oenegés de izquierda, e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de una u otra manera contribuyen a acumular fuerzas con la supuesta tercera toma de Lima. En el fondo de sus corazones progresistas invocan la defensa de la vida o las libertades solo para alentar la revolución colectivista. Felizmente, las mayorías nacionales están en contra de la violencia, por la recesión que ha quebrado la economía familiar del sur del Perú.

Por todas estas consideraciones, todas las instituciones republicanas, las mayorías nacionales y los sectores de buena voluntad, deben desarrollar la misma unidad y firmeza que se demostró contra el golpe de Castillo en contra de la nueva insurrección que se pretende lanzar con el nombre de “la tercera toma de Lima”.