¡No bajar la guardia en defensa del modelo!

Los escándalos vinculados a la vacuna VIP, que afectan al ex presidente Vizcarra, y las crisis institucionales y políticas que, cada cierto tiempo, sacuden a los peruanos, de ninguna manera deben llevarnos a olvidar la feroz guerra política que se libra alrededor del modelo económico. Finalmente, toda estrategia colectivista y comunista que busca centralizar el poder y someter a las instituciones solo logra consolidarse cuando se acaba con la economía abierta, las desregulaciones de mercados y precios y se proscribe la inversión privada.

Los sectores colectivistas son tan conscientes de esta tesis que uno de los primeros objetivos de sus plataformas es la convocatoria a una constituyente para redactar una Constitución con un régimen económico anticapitalista, que consagre el estado-empresario y la regulación de mercados y precios. Bastaría observar cómo han actuado los chavismos latinoamericanos para confirmar la tesis: allí donde se destruyó el sector privado y el mercado, los autoritarismos lograron consolidarse.

Si miramos el fracaso de los políticos, de los partidos políticos y la debilidad de los proyectos culturales e intelectuales (la mayoría influenciada por las izquierdas en todas sus versiones), es incuestionable que lo único que ha evitado que el Perú se desbarranque por los caminos estatistas de Venezuela, Bolivia y Argentina es el crecimiento económico, que ha triplicado el PBI, ha reducido pobreza del 60% de la población a solo 20%, y ha convertido en los migrantes andinos del siglo pasado en los nuevos consumidores de las periferias de Lima y la mayoría de las ciudades.

Sin ese crecimiento el Perú estaría desorganizado, sumido en pobreza general y en una creciente anarquía, reeditando diversos tristes episodios de su historia republicana. Es incuestionable que esa imagen general de avances económicos y sociales cambia frente al derrumbe del Estado ante la pandemia, frente a la incapacidad de organizar un sistema hospitalario mínimo, y ante la vergonzosa e hiriente carencia de oxígeno y la falta de camas UCI.

El fracaso del Estado se agrava cuando nos enteramos que sobraban recursos para enfrentar la pandemia, comprar masivas pruebas moleculares y equipar los hospitales con todos los equipos necesarios. Antes de la pandemia, el Estado consumía alrededor de US$ 65,000 millones en los gobiernos central, regionales, locales y empresas públicas. Más del 80% de esos recursos eran aportados por el sector privado a través de los impuestos. El fracaso de la burocracia de izquierda, que administra el Estado desde una década atrás, es doblemente censurable porque sobraban recursos y faltaba voluntad.

La economía de mercado, el crecimiento y la inversión privada, entonces, salvaron al país en las últimas tres décadas. Muy por el contrario, el Estado y los políticos fracasaron en organizar un Estado medianamente aceptable. En otras palabras, el mercado pasó el examen y el Estado fue reprobado en todo.

Sin embargo, luego del desastre de la administración Vizcarra en el manejo de la pandemia, que se expresa en una de las letalidades más altas por millón de habitantes en el mundo y, en una economía virtualmente quebrada –con 10% de déficit del PBI, un incremento significativo de la deuda pública, una caída general de la recaudación, pérdida de millones de empleos y el regreso a la pobreza de millones de peruanos– la izquierda pretende echarle la culpa al mercado y la inversión privada. Es decir, se pretende que el desastre no es del Estado, sino del sector privado y del “modelo neoliberal”. Finalmente, todo sería culpa del régimen económico de la Constitución. 

De allí que la mesa directiva del Congreso haya lanzado una ofensiva general contra el sector privado, promoviendo la aprobación de la regresiva ley agraria, que amenaza con terminar con el milagro agroexportador, que generó US$ 20,000 millones de inversión en dos décadas. Igualmente se ha promovido la ley de topes a las tasas de interés, que elimina la evaluación del riesgo crediticio y eliminará el crédito para los más pobres y excluidos. Asimismo, se han descapitalizado los fondos del sistema privado de pensiones con una serie de normas. Y una comisión legislativa acaba de aprobar la estatización de las cuentas individuales de las AFP, porque se plantea que el Estado dirija el destino de estos recursos.

Como se aprecia con absoluta claridad, la economía y el sector privado están bajo un feroz ataque de parte de sectores minoritarios que nunca han ganado una elección y que, sin embargo, están en la conducción del Legislativo, por las artes de la política. Hasta hoy ni las bancadas ni los candidatos que defienden el sistema republicano y la economía de mercado parecen dispuestos a detener esta ofensiva colectivista.