Editorial Política

No aprendemos

No aprendemos
  • 13 de febrero del 2015

Sobre la violencia en Pichanaki y el nuevo fracaso del gobierno nacionalista. En el conflicto social suscitado en Pichanaki se repite una misma historia que ya hemos vivido antes tantas veces: El gobierno claudica ante los radicales y la empresa se retira o cancela su proyecto, todo ello por la incapacidad del estado y de la concesionaria para persuadir a los ciudadanos de la importancia de la inversión privada para vencer la pobreza e impulsar el desarrollo de los pueblos. Lo peor es que, a pesar de haber repetido tanto la misma experiencia, no hemos aprendido nada y seguimos cayendo en los mismos errores, para mal del país. La violencia que dejó un muerto y decenas de heridos en esa localidad de la selva central estalló igual que en ocasiones anteriores. Dos factores claves se combinaron y actuaron como detonante: el activismo ideológico de los grupos anti-inversión privada, y la ausencia e indolencia del estado ante las necesidades básicas de la población. Pero sin duda el principal responsable de sucedido es el estado. ¿Por qué? En primer lugar porque la historia reciente nos enseña en el Perú ningún proyecto de inversión extractiva es viable sin un acuerdo tripartita previo entre el estado, la empresa y las comunidades aledañas. Ergo, le corresponde al estado definir una política de estado que promueva dichos acuerdos para de esa manera garantizar la ejecución las inversiones, que son necesarias para que la economía siga creciendo en beneficio de los pobres principalmente, pues sabemos que el 80% de la reducción de la pobreza se debe a la inversión privada. El gobierno nacionalista no solo carece de una política de estado pro-inversión sino que le ha puesto infinidad de trabas burocráticas a los proyectos extractivos, se niega a acompañar dichas iniciativas en el terreno político, y claudica siempre ante las presiones de los grupos extremistas enemigos de la inversión privada. En Pichanaki, la responsabilidad que le toca a la empresa pareciera ser la soberbia de sus interlocutores ante las comunidades, pues se sabe que algunos funcionarios encargados de dialogar se negaron de plano a atender las demandas de los pobladores exhibiendo pocos formas. Con una mejor comunicación pudieron explicar que la caída del precio del petróleo le impide a la empresa cumplir hoy todo lo que ofreció pero que sí cumpliría una parte. Pero los sucesos que comentamos ya se veían venir desde hace tiempo en esa zona. La población sabía que la protesta estaba programada y que los radicales estaban desarrollando una intensa labor desde hace meses en Pichanaki, Satipo y Oxapampa, en base a mentiras groseras que le han hecho creer a la gente que la exploración petrolera contamina el agua. Es imposible que el estado no haya estado al tanto de todo esto, y sin embargo no previno nada. Qué cruel ironía que los recursos y el trabajo de la DINI hayan sido destinados a perseguir a dirigentes de la oposición y del propio partido de gobierno en Lima, en lugar haber sido orientarlos a contrarrestar la labor de zapa del extremismo en Pichanaki y en otros lugares del país. Un dato clave: es raro que en febrero, mes de carnavales y lluvias en el interior, se registren este tipo de protestas. Esto hace presumir que en los meses siguientes la atmósfera social se calentará fuerte por el adelanto inminente de la campaña electoral del 2016. Otro hecho preocupante es que la plataforma de los radicales que lideran la protesta en Pichanaki plantea que esa región sea declarada “libre” de toda actividad extractiva y se le considere solo agropecuaria y turística. Semejante discurso retrógrado tiene que ser desmontado por las fuerzas políticas democráticas, ya que el estado actual es incapaz de hacerlo. Sin embargo, la cercanía de las elecciones nos dice que no lo harán, por lo que los proyectos de inversión en esa zona tendrán que esperar hasta después de los comicios del 2016. Los ministros Eleodoro Mayorga y Daniel Figallo han calmado las aguas por ahora en Pichanaki, al anunciar que Pluspetrol se retirará de la zona dentro de tres días. Pero la hoguera no se ha apagado, está allí, latente, viva, y seguramente volverá a lanzar grandes lenguas de fuego pronto, sino allí en algún otro lugar del país donde haya una inversión privada en la mira del extremismo. Parecemos condenados a este infortunio hasta que tengamos un estado con autoridad y comprometido en verdad con el desarrollo y la lucha contra la pobreza.   13 - Feb - 2015  

  • 13 de febrero del 2015

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