Mato cuando me da la gana

El crecimiento incontenible del hampa y la incapacidad del Estado para detenerlo.

Según el estudio Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) del Barómetro de las Américas, en el 2014 el 30,6% de los peruanos fue víctima de al menos un acto delincuencial, y el 26,4% fue requerido a pagar alguna coima. Tales porcentajes ubican al Perú en el primer lugar en la región en victimización de la delincuencia y en el sexto puesto en victimización de la corrupción. El estudio precisa además que el 46,7% de los peruanos considera la inseguridad como el problema más importante del país.

Dicho trabajo, presentado en Lima por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), corrobora así que la inseguridad ciudadana trasciende largamente el ámbito de las percepciones y constituye un problema real que las autoridades enfrentan de manera ineeficiente. Como consecuencia, el crimen está en ascenso vertiginoso.

Además de afectar a la seguridad de los ciudadanos, el crecimiento de la delincuencia intoxica cada día más el clima de inversión y amenaza con restaurar los niveles de inseguridad de los 80, si es que el Estado se mantiene incapaz de encarar el problema. En aquellos años muchas inversiones se fueron del país por el terrorismo y las que se quedaron tuvieron que gastar mucho en protegerse de los atentados y las extorsiones de Sendero Luminoso y el MRTA.

Un informe reciente del Banco Mundial así lo advierte: “El crimen y la violencia permanentes influyen en todos los aspectos del desarrollo y agravan las desigualdades; inciden en las inversiones en capital humano, elevan los costos de seguridad de las empresas, obligan a desviar fondos para combatir la delincuencia y desalientan las inversiones nacionales e internacionales porque afectan el clima general de inversión (Powell, Manish y Nair, BM, 2014).

En otras palabras, el imperio del hampa en la sociedad no solo trae inseguridad sino también pobreza y extrema pobreza.

El avance del crimen se evidencia cada día. Por ejemplo, en el caso Oropeza y en los constantes ajustes de cuentas entre bandas. Como señala nuestro columnista Dardo López-Dolz, así empezó la violencia terrible que ejerce hoy el narcotráfico en México y antes en Colombia, o también la delincuencia común desbocada que padece Venezuela.

El Barómetro de las Américas precisa además que, en un índice de corrupción del 0 al 100, el 78.2% de los peruanos cree que ese mal está generalizado entre los funcionarios públicos. Esta percepción es superada solo por Venezuela, donde llega al 80% de la población.

El crecimiento del hampa va de la mano con la corrupción del Estado: El caso Oropeza ha revelado que el puerto del Callao es el mayor centro de embarque de drogas al exterior, estando bajo el control del cuerpo de resguardo aduanero y otros funcionarios. Y el ministro del Interior, Luis Pérez Guadalupe, reveló que el 91% de los delincuentes capturados en enero y febrero fueron liberados en pocos días. El Fiscal de la Nación culpó a la Policía, ésta a las fiscalías, y el Poder Judicial se lavó las manos. Lo real es que ese 91% quedó en libertad y nadie sabe qué se ha hecho para resolver el problema.

Es evidente que detrás de los hechos señalados y del accionar abierto de los pistoleros que matan y roban a diestra y siniestra hay un mensaje claro del hampa: aquí estamos, tenemos impunidad, matamos cuando nos da la gana. Y el Estado es incapaz de detenerlos porque está maniatado por su propia corrupción. ¿Hasta cuándo?

  1 - May - 2015