¡Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la PNP deben votar!

Durante los gobiernos de Ollanta Humala y el gobierno provisional de Francisco Sagasti, dos gobiernos de izquierda y de la coalición progresista caviar, se decretó la inamovilidad de las fuerzas armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) con el objeto de que las fuerzas de seguridad no ejercieran su derecho al voto en las elecciones nacionales. Entre las entidades castrenses y la policía se contabilizan más de 200,000 votos. 

¿Por qué tiene una relevancia superlativa esta información? En las dos elecciones nacionales en donde las fuerzas de seguridad no votaron, Keiko Fujimori perdió por menos de 45,000 votos. En todos lados se sabe que la inclinación de los efectivos de las fuerzas de seguridad es en contra de las corrientes de izquierda, incluso con un humor anticomunista por la guerra contra el terrorismo senderista de los ochenta y la implacable persecución judicial que han desarrollado las izquierdas en contra de nuestros soldados y policías. 

Es evidente entonces que si los militares y policías hubiesen votado en las elecciones del 2021, Pedro Castillo no habría ganado la elección y no nos hubiese llevado al abismo en que nos encontramos hoy. De allí que el gobierno de Manuel Balcázar, los observadores internacionales y las embajadas democráticas del mundo deben vigilar que los efectivos de las fuerzas de seguridad ejerzan plenamente su derecho al sufragio.

Las denuncias de irregularidades electorales y las suspicacias nacen, precisamente, de estas decisiones políticas que pueden haber cambiado el curso de la historia nacional y también de la abstención de los sucesivos legislativos en el procesamiento de los responsables políticos de estas decisiones.

Por otro lado, desde las elecciones del 2006, con la campaña electoral del entonces Ollanta Humala del “polo rojo”, la inteligencia cubana y el eje bolivariano, comenzaron a ejercer violencia para evitar la presencia de los personeros de la centro derecha en las mesas de votación. En la segunda vuelta de las elecciones del 2021 en muchos distritos y provincias del sur hubo un mar de votos a favor del candidato antisistema y cero para la representación que defendía la Constitución y el Estado de derecho.

En este fenómeno que, de alguna manera, torció la voluntad popular hubo una doble responsabilidad. En primer lugar, la responsabilidad del Estado que, según la Constitución, tiene la obligación superlativa de hacer respetar la Constitución y las leyes electorales. Y en segundo lugar, la responsabilidad de los propios movimientos de la centro derecha, que no pelearon con uñas y dientes la presencia de personeros en las mesas del sur y dejaron que la violencia se impusiera.

Hoy si se impide la instalación de los personeros de la centro derecha debe procederse a denuncias nacionales e internacionales y a la inmediata movilización de los fiscales y las fuerzas de seguridad para restablecer en el acto el Estado de derecho en las mesas violentadas. Las autoridades del sistema electoral nacional tienen una gran responsabilidad en esta situación.

Hasta el día de hoy los movimientos de la centro derecha no han entendido que la disputa con los movimientos antisistema y las izquierdas es una verdadera guerra política, porque las tendencias leninistas así organizan sus respectivas estrategias y tácticas. 

Las experiencias en Venezuela y Bolivia nos enseñan que es una guerra política sin treguas. Por la falta de entendimiento sobre la real naturaleza de la amenaza antisistema los candidatos de la centro derecha se distraen con las encuestas y no solo dejan de difundir los objetivos centrales de su propuesta, sino que se olvidan de organizar la defensa de la voluntad popular en cada una de las mesas electorales del país. ¡Cuidado y a reaccionar!