“Los derechos humanos abstractos” y el Estado de derecho

La Corte IDH y las corrientes progresistas y neomarxistas en la región han reaccionado con virulencia frente a la nueva ley sobre los alcances de los delitos de lesa humanidad. La norma del Congreso, que ha sido aprobada en segunda votación, establece que el tipo penal de lesa humanidad existe desde que el Perú firmó el Tratado de Roma, en el 2002, e incorporó esta figura a nuestra legislación. Antes de la firma de ese tratado regía la legislación penal nacional y, por lo tanto, muchos delitos ya están en la condición de prescritos.

La ley del Congreso que busca restablecer la defensa de los Derechos Humanos de centenares de ancianos militares –perseguidos sin cuartel en las últimas tres décadas–, sin embargo, impulsó a la Corte IDH a perder la compostura convencional y jurídica y a ordenarle al Congreso nacional abstenerse de una segunda votación. Sin embargo, el Legislativo se negó a aceptar semejante despropósito y procedió a la segunda votación.

No obstante, detrás de estos temas existe un debate ideológico de profundas consecuencias para la democracia y al régimen republicano. Las corrientes progresistas y neomarxistas plantean que los Derechos Humanos existen fuera del tiempo y del espacio, al margen de los regímenes políticos y del Estado de derecho. Se trata de una nueva metafísica en la que los relatos sagrados “son reemplazados por los Derechos Humanos que vienen del más allá”.

Al respecto hay una verdad incuestionable: desde el desarrollo del mundo moderno el único sistema que ha defendido, protegido y promovido los Derechos Humanos, es el Estado de derecho. Todo el mundo proclamó los Derechos Humanos, hasta el régimen soviético lo hizo, sin embargo, solo en los países con Estado de derecho, con regímenes republicanos, se defendieron los DD.HH.

Los Derechos Humanos, pues, no pueden desligarse del Estado de derecho. De alguna manera son uno de los rostros de los regímenes republicanos. Y el principio de legalidad –es decir, el principio acerca de que nadie puede ser imputado ni menos sentenciado sin un tipo penal previamente descrito en la ley– es un principio sagrado de la libertad. Sin embargo, el neomarxismo ahora sostiene que los tratados internacionales de DD.HH. pueden volar por los aires este principio que los hombres han construido para detener los abusos del poder.

Una de las cosas más dramáticas y sin sentido que sucede en los países de Hispanoamérica –sobre todo en Perú, Chile y Colombia, por ejemplo– es que los soldados, policías y miembros de las fuerzas de seguridad que hacen uso legítimo de la fuerza pública –en cumplimientos de sus respectivas constituciones– suelen ser judicializados por delitos de lesa humanidad. 

Algo de eso ha comenzado a surgir en nuestro país, luego de que nuestros soldados y policías, se enfrentarán a la insurrección y la violencia del golpe fracasado de Pedro Castillo. Ante los intentos de quemar los aeropuertos del sur, incendiar comisarías y empresas privadas para quebrar el Estado de derecho y convocar a una asamblea constituyente, los soldados y policías del Perú usaron la fuerza pública y salvaron el régimen democrático. De lo contrario, hoy estaríamos en un proceso constituyente.

Es evidente que el nuevo ciclo de judicializaciones contra nuestras fuerzas de seguridad solo puede provenir de esa concepción abstracta, metafísica de los derechos humanos. De lo contrario nuestros soldados y policías que desarrollaron el uso legítimo y constitucional de la fuerza pública recibirían el reconocimiento del Estado de derecho.