¡Llegó la hora de cambiar el Gabinete!

El audio en que se escucha al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, conversar con una amiga solicitándole su hoja de vida para un eventual puesto de trabajo en el Estado, es como una gota sobre el vaso lleno, y nos indica que ha llegado el momento en que la administración de la señora Dina Boluarte se proceda a un cambio general de Gabinete. Y no solo se trata del audio, sino de la sensación de desgobierno general que parece haberse apoderado de la sociedad frente al descontrol de la ola criminal en la capital, las provincias e incluso en las regiones mineras.

Antes de solicitar el relevo del actual titular de la PCM, más allá de los cuestionamientos y los pedidos de renuncia que desató el escándalo del audio, es necesario reconocer el papel que cumplió Otárola luego del golpe fallido de Pedro Castillo y la violencia y la insurrección contra el Estado de derecho que desataron los núcleos bolivarianos. Sin lugar a duda, Otárola se convirtió en “el político” del Ejecutivo, ante la evidente improvisación y falta de liderazgo de los herederos del gobierno de Castillo. Sin embargo, los méritos en una coyuntura no bastan para seguir al frente de la PCM de manera indefinida.

Si bien la recesión económica del año pasado y la caída por dos años consecutivos de la inversión privada son responsabilidad del gobierno de Castillo –en el que se gobernó contra la Constitución y alentando la nacionalización de los recursos naturales–, el Gabinete Otárola cometió un terrible y devastador error: albergar dos propuestas de modelo económico que, incluso, terminaron comprometiendo la estabilidad fiscal, variable en la que el país fue ejemplo mundial en las últimas tres décadas. El ex ministro de Energía y Minas Óscar Vera promovió rescates indiscriminados para mantener las gollerías de Petroperú, una empresa quebrada, con los recursos de todos los peruanos. Finalmente, los sucesivos rescates financieros de la petrolera estatal terminaron quebrando la estabilidad fiscal: el año pasado –es decir, el año de la recesión económica– el país tuvo un déficit de 2.8% del PBI, no obstante que se había proyectado una reducción al 2.4% del PBI.

En este contexto, ¿cómo se iba a relanzar la inversión privada y el crecimiento del país? Los mercados y las corporaciones no solo evalúan las tendencias políticas de un país –que ahora son muy inciertas– sino también las variables económicas, sobre todo el déficit. ¿Quién iba a arriesgarse a invertir en este contexto? Era evidente que el país abandonaba la disciplina macroeconómica que había cultivado con extremo cuidado en las últimas tres décadas.

Otro de los aspectos en los que el Gabinete Otárola nos deja un gran pasivo es en el desborde de la ola criminal que afecta a las familias de todos los sectores sociales –sobre todo las más pobres– a los mercados, a las empresas e, incluso, que comienza a generar zonas liberadas controladas por el crimen organizado, al margen de la Constitución y de las leyes. 

Si a estos hechos le sumamos la creciente desaprobación del Ejecutivo, de una u otra manera, es evidente que ha llegado el momento de un cambio general del Gabinete por el bien del propio gobierno de Boluarte y el sistema institucional en general.

Creemos que el cambio general del Gabinete debe buscar restablecer la plena coherencia económica del gobierno, desterrando cualquier rezago del estatismo y populismo del castillismo. En ese sentido, es necesario reforzar y promover la tendencia a favor del modelo económico basado en la desregulación de mercados, la inversión privada y la disciplina macroeconómica y fiscal, que se expresa en las designaciones de José Arista en el Ministerio de Economía y Rómulo Mucho en el sector Energía.

Asimismo, el cambio general del Gabinete debe significar una ofensiva general del Estado en contra del crimen organizado que comienza a apoderarse de distritos enteros en la capital y  de provincias en el interior. Es imposible hablar de imperio de la Constitución y de Estado de derecho si es que el Estado y sus instituciones no son capaces de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.