¡Ley de nuevas oenegés sin reglamento! ¿Surge nueva oligarquía?

En el Perú los partidos están sobrerregulados en extremo e, incluso, la mayoría de los líderes de los ochenta están judicializados por aportes de campaña con argumentos cuestionables. El progresismo y las izquierdas en general han fomentado y promovido la sobrerregulación de los partidos de tal manera que las autoridades del sistema electoral se han convertido en los fieles de la balanza en movimientos y organizaciones que deberían responder a la autonomía ideológica, programática, de sus bases y a las partidocracias naturales que emergen en todo proceso democrático. 

Como si se tratara de un régimen soviético, en el Perú se restringió el aporte privado a los partidos –una de las claves de cualquier democracia consolidada–, una situación que ha sido revertida parcialmente por el actual Congreso. Igualmente la empresa –otra institución decisiva para la democracia, la economía de mercado y las libertades– ha sido sobrerregulada de tal manera que el 90% de las unidades empresariales del país ha sido arrojada a la informalidad en general.

¿A qué viene todo esto? La izquierda y el progresismo han armado una narrativa, unos relatos, que sostienen que la participación ciudadana es la clave del control del poder. Y en ese camino, han convertido a las oenegés en “los portaaviones del derecho ciudadano a participar en la vida pública”. Bajo este argumento se oponen abiertamente a que los recursos que provienen del exterior sean controlados por el Estado y la sociedad.

En momentos en que las economías ilegales del planeta y del país movilizan recursos para destruir el Estado de derecho en el Perú; en momentos en que los competidores internacionales del Perú en cobre y agroexportaciones financian la destrucción de la producción nacional y otras actividades ilegales buscan influenciar en la vida pública, las oenegés de izquierda se niegan a que el Estado y la sociedad vigilen los recursos que fluyen desde el exterior hacia las oenegés nacionales.

Si el Ejecutivo, el Legislativo, las instituciones del Estado de derecho y la sociedad en general aceptan este criterio, entonces, en el país se tolerará el surgimiento de una oligarquía ideológica y cultural que contará con ingentes recursos para desarrollar narrativas y relatos que –a pesar de la ceguera de algunos empresarios y la derecha– son las herramientas que finalmente deciden el futuro de una sociedad.

La ley vigente sobre las nuevas funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que incrementa las potestades de este organismo en el control de los recursos externos que reciben las oenegés, es una norma estandarizada a nivel mundial. En Estados Unidos, Canadá, Reino Unidos, Australia, y otros países existe la misma legalidad que la norma aprobada en el Legislativo peruano, incluso, con penas más severas que en el Perú.

La pregunta que emerge entonces, ¿es porque la APCI y el Ejecutivo no proceden a reglamentar la ley sobre las oenegés? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué presiones se están imponiendo sobre una ley soberana en el Perú?

El argumento progresista sobre la participación ciudadana no resiste el menor análisis. El instrumento principal de participación ciudadana en los sistemas republicanos modernos, en las democracias y las sociedades abiertas, son los partidos políticos y las élites partidarias o las llamadas partidocracias que nacen del voto popular. Estas organizaciones no solo son controladas por la ley, sino también por la decisión de los electores, que incluso llegan a sancionar la desaparición de los mismos. En cambio, a las oenegés no las controla ningún sistema social ni estatal, más allá de la necesidad de conocer el origen de sus recursos externos. 

Y si el gobierno de Boluarte se niega a reglamentar la ley sobre oenegés la derogará en la práctica, y nos dejará una oligarquía que, a diferencia de los partidos y las empresas, tendrá la más absoluta de las libertades para desarrollar sus estrategias de poder. Entonces en el Perú se habrá creado un sistema de gobierno de las oenegés que conducirán el poder al margen de los resultados electorales y la existencia misma de los partidos.