Las interrogantes que deja el Gabinete Adrianzén

Luego de la presentación de Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros (PCM) y de los titulares de portafolios ante el Congreso, el nuevo equipo ministerial obtuvo la confianza, a través de 70 votos, de la representación parlamentaria. De alguna manera la mayoría apostó por la precaria estabilidad del país. Sin embargo, la presentación del Gabinete también deja muchas interrogantes.

Adrianzén focalizó su discurso en la reactivación económica, en la situación de la caja fiscal del Estado y el combate a la ola criminal que afecta a toda la sociedad peruana. Por ejemplo, en cuanto a la reactivación económica es evidente que el anuncio de que el 2024 se garantizarían inversiones mineras hasta US$ 4,600 millones en siete proyectos es una extraordinaria noticia. Los mencionados proyectos son: Reposición en Tantahuatay, reposición en Antamina, Romina, reposición en Raura, Chalcobamba fase I y Corani. Una buena noticia desde cualquier punto de vista. 

Sin embargo, el silencio sobre los cerca de 20 proyectos detenidos –que cuentan con Estudio de Impacto Ambiental– nos revela que sigue el piloto automático en el tema minero. No hubo menciones a Tía María, Conga, El Galeno, La Granja y otras minas que tendrían enorme impacto en la economía. Asimismo, no se dijo nada sobre la urgencia de restablecer el Estado de derecho en las regiones mineras; sobre todo en el llamado corredor minero del sur, en donde la minería ilegal se convierte en la principal amenaza para la minería moderna. Muchas preguntas, pues, sobre la minería.

Asimismo, el anuncio acerca de que el 2024 se adjudicarían US$ 8,036 millones en inversiones en infraestructuras bajo la modalidad de asociaciones públicas privadas también es otra buena noticia. En cuanto al manejo de la caja fiscal, el PCM señaló que la austeridad iba a caracterizar su gestión, sobre todo luego de que el año pasado el gobierno de Dina Boluarte simplemente hiciera trizas las proyecciones del déficit. Se llegó a 2.8% del PBI, no obstante haberse previsto un desbalance del 2.4%. 

En este contexto Adrianzén señaló que se iniciaría un plan de recortes del gasto para cumplir la meta del 2% de déficit para este año, particularmente en diez tipos de desembolsos considerados excesivos. Sin embargo, en este tema hay muchas interrogantes: desde los gastos en Petroperú hasta las autorizaciones excesivas de endeudamiento a los municipios. En cualquier caso, las preguntas sobre cómo enfrentar el fantasma del déficit necesitan respuestas. De lo contrario, el Perú perderá los grados de inversión obtenidos gracias al esfuerzo de todos los peruanos en las últimas tres décadas. 

Uno de los temas más acuciantes para la sociedad es el desborde de la ola criminal, que amenaza la vida y la propiedad de los peruanos. El PCM anunció que habría mano dura y resultados inmediatos, que no se toleraría el ataque de los delincuentes a la sociedad y a nuestra policía. Sin embargo, no especificó quién iba a liderar esta política nacional, qué autoridad se iba a encargar de hacer que las instituciones converjan y colaboren en la lucha contra la criminalidad. Los anuncios de Adrianzén acerca de que se mejorarán 36 comisarías, se adquirirán 194 vehículos y 149 motocicletas, y que se creará la división de investigación de delitos transnacionales para combatir a las bandas internacionales, no son suficientes.

Luego del mensaje del PCM quedan las interrogantes. Y luego de obtener la confianza del Legislativo, inevitablemente, existe la obligación del Gabinete Adrianzén de presentar las respuestas necesarias, más allá de los vacíos del mensaje. Sobre todo luego de haber solicitado facultades delegadas para legislar en diez materias.

En cualquier caso, las preguntas siguen pendientes de respuesta de parte de un Ejecutivo que solo intenta sobrevivir, porque más allá de la propuesta de una reforma tributaria –muy cuestionada– no tiene una vocación de reformas estructurales, que son el único camino para relanzar el crecimiento y la viabilidad del país. Sin embargo, lo positivo de todo es que existe una mayoría institucional que sigue apostando por mantener la estabilidad y garantizar las elecciones nacionales en el 2026.