Las instituciones, las vacancias y las situaciones de excepción

Es imposible negar que los errores de la presidente Dina Boluarte han desatado una crisis de gobernabilidad que lleva a algunos a resucitar la propuesta de vacancia, en tanto que otros intentan convertir a la calle en el gran elector, tal como sucedió durante la administración Vizcarra. Sin embargo, a mayor gravedad de la crisis, debe haber más apego a la Constitución y la legalidad.

En el Perú, desde el gobierno de Pedro Pablo Kuzcynski, la vacancia presidencial por incapacidad moral se ha convertido en una especie de estribillo que promueven diversos sectores políticos para construir atajos y llegar al poder. Y la ausencia de partidos y la fragmentación política agravan esta situación. Todos pretenden avanzar hacia la vacancia como la manera más directa de enfrentar los problemas de corrupción de los gobernantes, al margen de otras reflexiones, sobre todo aquella que nos indica que la vigencia del Estado de derecho en una sociedad depende de la estabilidad y la continuidad de las instituciones.

En el escándalo que se ha desatado en contra de la presidente Boluarte por el caso de los Rolex y las cuentas del Club Apurímac, las izquierdas –tanto la progresista como la comunista– vuelven a proponer la vacancia y apellidan al Ejecutivo como de derecha. Antes de entrar en el tema vale señalar que las tres vacancias –en que se aplicó el juicio político para determinar la incapacidad moral en el Legislativo– tenían relación directa con la vigencia del Estado de derecho.

Nadie puede negar, por ejemplo, que en la vacancia de Alberto Fujimori estaba de por medio la intención de restablecer la institucionalidad quebrada por el autoritarismo. Igualmente, la vacancia en contra de Martín Vizcarra tuvo que ver con el golpe de Estado con el que cerró inconstitucionalmente el Congreso y la clara intención del moqueguano de entronizarse como un autócrata más. Y finalmente, la vacancia en contra de Pedro Castillo tuvo que ver con su intención de perpetrar un golpe de Estado e instalar una asamblea constituyente haciendo trizas la Constitución y el Estado de derecho.

Todos los demás intentos de vacancia que no prosperaron pasaron a la lista de anécdotas, precisamente porque no respondían a amenazas abiertas al sistema institucional o el Estado de derecho. De alguna manera, pues, el juicio político que se desarrolla en el Perú y la incapacidad moral que se determina tiene que ver con estos momentos de excepción. La reciente historia y los hechos comienzan a demostrarlo.

Todos los peruanos de buena voluntad exigimos que las investigaciones en contra de Boluarte se lleven a fondo y se desarrollen con prolijidad. Sin embargo, de acuerdo a la Constitución, cualquier proceso deberá desarrollarse luego del fin de su mandato. Al respecto, el artículo 117 del texto constitucional establece un blindaje explícito para el jefe de Estado: no se le puede procesar durante su mandato, excepto por traición a la patria, impedir las elecciones nacionales o regionales o disolver inconstitucionalmente el Congreso. 

El Legislativo puede intentar sortear este blindaje y aplicar la figura genérica de la incapacidad moral. Sin embargo, los hechos nos demuestran que una situación semejante solo prospera cuando los dos tercios de los congresistas perciben que hay una clara amenaza al Estado de derecho.

Por todas estas consideraciones, lo más probable es que la presidente Boluarte no sea vacada por el Congreso. Por otro lado, también existe un sentido práctico en términos de procedimientos constitucionales: si se vacara a la jefe de Estado, las elecciones para completar el mandato del actual periodo presidencial recién se podrían realizar en un año. Es decir, elecciones en abril del 2025 para un nuevo jefe de Estado que ejercería hasta abril de 2026. No parece de sentido común. Cualquier otra salida, como elecciones adelantadas de Ejecutivo y Legislativo requieren una reforma constitucional.

En ese sentido las alternativas para enfrentar la crisis están claramente delimitadas por la Constitución. Sin embargo, la jefe de Estado podría conjurar la situación respondiendo a los cuestionamientos formulados. No lo hace y la crisis de gobernabilidad persiste.