Las Bambas bajo constante ataque

Según Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial, el Ejecutivo requiere de la minera MMG –concesionaria del proyecto Las Bambas– una solución frente al dilema de si se construye un mineroducto o un tren para transportar el mineral y evitar el polvo de los camiones en el Corredor Minero del Sur. Asimismo, el funcionario ha señalado que el Gobierno se ha comprometido a asfaltar dicha vía.

Existen los Decretos de Urgencia Nº 026-2019 y Nº 027-2019, que promueven la elaboración de estudios técnicos viales y adquisiciones de terrenos por parte del Estado en dicha carretera. La norma declara de necesidad pública e interés nacional el corredor vial Apurímac - Cusco. En el plan de expropiaciones y compensaciones económicas se señala que los propietarios afectados recibirán, por única y extraordinaria vez, entre S/ 4,200 y S/ 21,000, de acuerdo al tamaño de la propiedad. 

No obstante, el Colegio de Abogados de Sicuani (Cusco) ha presentado una demanda de inconstitucionalidad sobre esos decretos de urgencia, y señala que sin una consulta previa no se puede despojar a los pobladores de sus terrenos. En este escenario de boicot de parte del Colegio de Abogados de Sicuani a las propuestas del Ejecutivo y al deseo de los pobladores de tener una vía pavimentada, todo lo avanzado en el corredor minero puede bloquearse. De allí que el Ejecutivo esté intentando presionar a Las Bambas sobre la decisión de un mineroducto o vía férrea para transportar el mineral. 

Con los mencionados decretos de urgencia no se resuelve el fracaso del Estado en la provisión de servicios básicos ni el abandono del principio de autoridad. Eso es evidente. En la zona andina, donde se desarrollan actividades mineras, los dirigentes, asesores y enlaces de las oenegés del ambientalismo ideológico imponen su voluntad organizando manifestaciones violentas. Manipulan la información e, incluso utilizan a los medios internacionales –como el diario español El País– para presentar al Perú internacionalmente como un Estado que no respeta el derecho y las normas ambientales. 

La minería es constantemente atacada por los sectores extremistas. Los paros y bloqueos de carreteras son organizados con el fin de detener la producción de minerales. Así también han logrado detener las exploraciones mineras en los últimos años. Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la tendencia de las exploraciones mineras continúa en caída. Las inversiones en exploraciones en el 2019 sumaron US$ 357 millones, 13.6% menos que en 2018 (que sumó US$ 413 millones). Sin embargo, en el 2018 hubo 14.8% menos en inversiones en exploración que el 2017. 

Con o sin mineroducto, vía férrea o carretera asfaltada, el comunismo y la extrema izquierda continuarán con su ofensiva antiminera. Utilizan las justas demandas de la población –falta de servicios públicos mínimos y de calidad–, para sobredimensionar sus reclamos. 

Después de Conga, en Cajamarca, y Tía María, en Arequipa, el círculo antiminero tiene en la mira a Las Bambas. Detener la producción minera es la estrategia política para crear la percepción de que el modelo económico ha fracasado. La izquierda apuesta por el cambio de la Constitución y una nueva ley de minería para introducir cambios sustantivos. Uno de estas modificaciones –según Elmer Cáceres, gobernador de Arequipa–, debería ser un impuesto a la renta de 80% a todas las actividades mineras. Es decir, propone la nacionalización de la minería. Algunos sueñan con Venezuela, pese a que el colectivismo ha desencadenado en ese país la peor estrategia humanitaria de América Latina.