La responsabilidad del Ejecutivo en la polarización

 

Nunca el país había llegado al nivel de polarización y enfrentamientos que hoy padece la sociedad peruana. Ni siquiera en las elecciones de los últimos 30 años, por la sencilla razón de que hoy existe una mayoría que —alentada por una irresponsabilidad nunca vista en algunos medios de comunicación— pretende linchar a una minoría, incluso relativizando principios constitucionales como el de la presunción de inocencia y diversas leyes y principios que resguardan el debido proceso.

Ese linchamiento, a entender de este portal, ha empoderado a sectores de la Fiscalía y el Poder Judicial que, en la práctica, solo se han dedicado a investigar y judicializar selectivamente a sectores de la oposición, mientras que a otros implicados en el caso Lava Jato se les pasa, como se dice, por agua tibia. Hoy el accionar de este sector judicial —promovido y alentado por IDL-Reporteros y diversas ONG anticapitalistas— intenta amedrentar a congresistas, a jueces y fiscales de instancias superiores, al propio fiscal de la Nación (Pedro Chávarry) y a los estudios jurídicos que se atrevan a defender a la oposición judicializada.

En este contexto, el ex presidente Alan García ha solicitado asilo político en Uruguay y se ha desatado la violencia política en las calles, tal como lo contemplamos en la terrible agresión en contra de Luis Alva Castro, ex presidente del Congreso y ex presidente del Consejo de Ministros. ¿Alguien puede dudar de que la República atraviesa uno de los momentos más críticos de su reciente historia? ¿En dos décadas de democracia acaso se ha presentado algo parecido?

Ante esta situación vale preguntarse, ¿cuál es la responsabilidad del presidente Martín Vizcarra, con apenas nueve meses en el poder? Para todos es incuestionable que el jefe de Estado –luego de que se propalaran los CNM-Audios— decidió cabalgar sobre el desprestigio del Congreso, que la mayoría de Fuerza Popular había labrado con mano propia. Muy pocas veces una fuerza política acumuló tantos errores —sobre todo la renuncia a liderar reformas— a tal extremo de que Fuerza Popular, la mayoría de ayer, se convirtió en una minoría rechazada. Bueno, Vizcarra decidió legítimamente construir su popularidad y su Gobierno sobre el derrumbe del Legislativo, más aún considerando el nivel de confrontación que había desarrollado la mayoría legislativa, ahora convertida en una minoría aborrecida.

Y Vizcarra ganó en todas las líneas. Impuso una convocatoria a un referéndum, los temas y los plazos de la reforma constitucional —no obstante que la Constitución le prohibía expresamente esas prerrogativas—, ante una abdicación constitucional increíble de Fuerza Popular. Sin embargo, con su soberbio triunfo, Vizcarra pretendió convertir el referéndum en un plebiscito a favor de su Gobierno: apoyó la no reelección de congresistas y se opuso a la bicameralidad. Objetivo: volver a sancionar al Congreso y seguir empoderando al Ejecutivo. A entender de este portal, detrás de la intención presidencial solo hay un motivo: la intención de Vizcarra de postular el 2021.

Al margen de las suspicacias y especulaciones, y por todas las consideraciones planteadas, el Ejecutivo y el presidente Vizcarra tienen la primera responsabilidad en la envilecedora y autodestructiva polarización que hoy amenaza con tragarse la democracia y las instituciones. Si el referéndum no fuese otro capítulo en la guerra Ejecutivo-Legislativo, y sin la voluntad del Ejecutivo de controlar la Fiscalía de la Nación, el país estaría en otra situación.

Cualquier jefe de Estado con vocación democrática habría convertido el magnífico triunfo político mencionado en un momento especial para la República: habría utilizado su popularidad para forzar un gran pacto nacional, una gran movilización institucional alrededor de las reformas urgentes que necesita el Perú para consolidar la democracia y relanzar el crecimiento.

Sin embargo, Vizcarra prefirió el camino plebiscitario de los caudillos de la región, que han hecho leña sus respectivas sociedades. Hoy un ex presidente solicita asilo y las inversiones de mediano y largo plazo comienzan a alejarse del Perú, y el presidente Vizcarra es uno de los principales responsables de esta situación. Lamentable.