La responsabilidad de un Congreso ensombrecido

 

Nadie puede discutir que la conducción del Congreso de la República por parte de Fuerza Popular se ha convertido en uno de los peores momentos de nuestra historia republicana. Las justificaciones acerca de demoliciones de la prensa tradicional no valen. Donald Trump y Jair Bolsonaro demuestran palmariamente que cuando hay buena política no hay medio importante. La mayoría legislativa no solo desató una de las confrontaciones Ejecutivo-Legislativo más cruentas de la reciente historia, sino que renunció a transformar el país, a liderar las reformas, no obstante que le sobraban votos. Bueno, los resultados del referéndum han sancionado largamente esa acumulación de yerros. Una verdad indiscutible.

Sin embargo, existen sectores dentro del Gobierno y de la política que pretenden utilizar la abrumadora derrota del Legislativo para pasar a controlar instituciones y configurar una salida plebiscitaria y autoritaria a la crisis. Una de las condiciones de esta estrategia es instrumentalizar a un Legislativo desmoralizado o, en el peor de los casos, disolver la cámara. Todo señala que, en función de este objetivo, han logrado amedrentar al presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, quien de apasionado e intransigente keikista ha pasado a liderar la crítica más feroz en contra de Fuerza Popular.

En este escenario, el propio presidente Vizcarra ha señalado que el referéndum le iba a otorgar otro mandato, y en los sectores de la prensa tradicional se llega a sostener que ya no hay polarización sino unanimidad nacional. A partir de esas premisas se afirma que las instituciones que no cuentan con la aprobación de “la nueva mayoría” no tienen legitimidad y deben allanarse a la nueva voluntad del pueblo. Semejantes tesis solo configuran el fermento de todas las estrategias plebiscitarias que han prosperado en América Latina. De allí que si los congresistas, los políticos, los magistrados y los empresarios no asumen la defensa de las instituciones la salida plebiscitaria se consumará.

Fuerza Popular no solo acumuló errores impensables en la conducción del Legislativo y renunció a liderar las reformas, sino que liquidó la majestad del Congreso aceptando cada uno de los criterios planteados para el referéndum por el Ejecutivo. Los resultados están sobre la mesa: se ha estatizado el sistema de financiamiento de los partidos políticos y ahora tenemos un sistema político bastardeado, con parlamento unicameral y sin reelección. Algo así no puede volver a suceder.

Por ejemplo, las bancadas parlamentarias no deben renunciar a presentar los proyectos de desarrollo constitucional sobre la Junta Nacional de Justicia y sobre el financiamiento de los partidos. Repetir el abstencionismo y el retroceso a tontas y locas sería seguir cerrando el Congreso a cuenta gotas y permitir que el Ejecutivo siga cebándose con la confrontación con el Legislativo sin resolver la gobernabilidad.

Pero no solo se trata de recuperar protagonismos en las leyes de desarrollo constitucional. El Legislativo, al margen de las singulares opiniones de Daniel Salaverry, debe desarrollar una agenda sobre las leyes electorales que ahuyenten cualquier sombra. Por ejemplo, ¿en el Perú debe existir el voto electrónico? ¿Acaso las democracias desarrolladas utilizan esta herramienta que puede caer en las manos de una hacker avezado?

De otro lado, la democracia peruana debe descriminalizar la política y las actividades económicas. ¿Por qué se aplica la ley contra el lavado de activos a los partidos políticos? Si se lava activos, por ejemplo, ¿en dónde están los receptores de ese lavado? ¿Acaso el 85% de los fondos de campaña no se gastó en publicidad de radio y TV? De otro lado, ¿no se van a revisar los decretos legislativos promulgados por el Ejecutivo? Hoy, por ejemplo, la autoridad tributaria puede embargar los bienes del responsable legal de una empresa ante la sospecha de elusión. El proceso administrativo y judicial correspondiente ya no importan.

¿Qué pretendemos señalar? Que no hay argumentos para que los congresistas renuncian al papel de defensores de las instituciones con el argumento de que hay una mayoría que pretende lincharlos. Si las cosas son así, bueno, el primer deber de un representante es defender las instituciones. Si lo hacen repararan en algo los estropicios cometidos contra nuestra democracia. De lo contrario, veremos a los sectores cesaristas de la sociedad presionando para que el Legislativo les posibilite el control del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación.

Siempre vale recordar que en las experiencias históricas, cuando aquellos llamados a defender las instituciones retrocedían, frente al avance del caudillo carismático, con cada paso atrás fortalecían al líder autoritario y empoderaban a los asesores y rasputines sedientos de poder y control.