La República del trámite

Sobrerregulación asfixia democracia y mercado

Una verdad incuestionable es que la sobrerregulación electoral ha convertido a esta, la cuarta elección nacional consecutiva, en la más accidentada de todos los comicios realizados después del fujimorato. La sucesión de tachas y exclusiones que contemplamos a pocos días de la votación no hacen más que lanzar sombras a la democracia peruana.

El resultado inmediato de la tramitología electoral es que se ha otorgado a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones una discrecionalidad que no tendrían con leyes simples y eficaces. Y, como sabemos, si se entrega demasiado poder discrecional a los jueces se genera, de alguna manera, un problema grave para la democracia.  

Sorprendentemente algo parecido ha venido sucediendo con la economía. No obstante que el Perú tiene una de las economías más abiertas de la región, hoy es también una de las más burocráticas, de modo que los procedimientos y trámites han terminado ahogando a la inversión privada.

Un solo ejemplo bastaría para graficar esta dramática situación: según el Instituto Peruano de Economía (IPE), los proyectos mineros paralizados por trámites burocráticos y conflictos sociales suman US$ 21,500 millones. Si esas inversiones se hubiesen ejecutado el Perú habría seguido creciendo por encima del 5%, y la pobreza no estaría en 22% de peruanos sino sólo en 14%.

En otras palabras, el Perú comienza a convertirse en la República del trámite, aquella que lo sobrerregula todo hasta quebrar el espíritu con que deberían funcionar las instituciones. Después de las elecciones generales la sociedad peruana y los políticos deberían iniciar una cruzada nacional para liquidar la sobrerregulación —aquellos procedimientos  innecesarios en el gobierno central, las regiones y los municipios— con la idea de servir mejor a la sociedad.

Según un informe de la Contraloría General de la República, existen alrededor de 600,000 normas vigentes, no obstante que muchas leyes no se pueden aplicar por falta de reglamentación. Vale recordar también que el Perú se ubica en el puesto 133 (de un total de 140 países) en el Ránking de Competitividad del Foro Económico Mundial, en cuanto a cargas burocráticas. En otras palabras, la situación es dramática.

Nuestro país ha superado el autoritarismo de los noventa y está desarrollando su democracia a través de tres gobiernos constitucionales sin sobresaltos; pero la tramitología entrega demasiado poder al burócrata y al magistrado, tal como lo vemos en la presente elección nacional. Si no hacemos algo la democracia podría trastabillar.

El Perú ha superado el proteccionismo,  al Estado empresario y, según la Carta Política, se reconoce que el sector privado es el principal protagonista de la economía de mercado. Sin embargo la tramitología convierte a la libertad económica constitucional en letra muerta, tal como sucede con los miles de proyectos paralizados en las ventanillas de los ministerios, las regiones y los municipios.

Quizá los excesos de trámites —que afectan a la democracia y al mercado— tengan mucho que ver con la ausencia de un pacto nacional alrededor de la continuidad institucional y económica del país. ¿Se puede hacer una reforma del sistema electoral sin un acuerdo político? ¿Las diferentes bancadas del Congreso acaso no se han convertido en los principales obstáculos a la reforma?

La República del trámite entonces, poco a poco, se está convirtiendo en enemigo declarado de la democracia y del mercado.