¡La República bajo ataque!

La anulación del indulto a Alberto Fujimori y la detención de Keiko y de toda la dirigencia de Fuerza Popular —decretada por el juez Concepción Carhuancho a solicitud del fiscal Domingo Pérez— revelan la brutalidad y el envilecimiento al que ha llegado la polarización política en el país. De una u otra manera, la confrontación política ha terminado jaloneando a las instituciones de la democracia de tal manera que diversas facciones políticas y judiciales ahora utilizan ubicaciones claves en el sistema de justicia para desarrollar investigaciones, procesos y detenciones selectivas. La democracia peruana, pues, está atrapada en una guerra de facciones judiciales, en vez de una disputa de argumentos y razones.

La ley se estira al máximo y la detención provisional se convierte en la regla, aunque la Constitución consagra la presunción de inocencia hasta que no se pruebe lo contrario; y no obstante que las leyes señalan que la detención provisional es el último recurso en el proceso. Y también a pesar de que el Tribunal Constitucional ha establecido claramente que los excesos de los jueces y fiscales carceleros no se ajustan a la Constitución y las leyes, tal como sucedió en los casos de Ollanta Humala y Nadine Heredia y los empresarios del supuesto “club de la construcción”, que denunciamos en este portal.

Es evidente que la República —que avanza hacia su quinta elección nacional sin interrupciones y que acumula dos décadas de experiencia democrática— puede terminar naufragando en medio de la intensa judicialización de la política. A entender de este portal, la judicialización también tiene que ver con el intento de convertir a la República en una “democracia plebiscitaria”. Es decir, el intento del presidente Martín Vizcarra y sus asesores marxistas de gobernar en base a las encuestas de opinión.

Las reformas constitucionales de los sistemas de justicia y político, por ejemplo, han demostrado que la Constitución es letra muerta. El jefe de Estado no solo planteó las cuatro propuestas de reforma (de acuerdo a la Constitución), sino que impuso los temas y los plazos (al margen de la Carta Política). El motivo: las encuestas de Ipsos, que registraban una abrumadora desaprobación del Congreso, y el respaldo mayoritario a un cierre del Legislativo. Todo esto sucedió a pesar de que la Constitución excluye explícitamente al Ejecutivo del proceso de reforma constitucional, a tal extremo que no puede observar una ley de reforma constitucional.

A estas alturas ya no se puede negar que en la República peruana existen extremos que pretenden desarrollar un proyecto cesarista, forzando interpretaciones constitucionales. Los llamados sectores caviares (marxistas sin partido) creen que ha llegado su hora del poder sin haber ganado una elección ni haber construido un partido. ¿Cómo? Alentando detenciones y medidas extremas de los sectores fiscales y judiciales que controlan (de manera extraña). El objetivo: provocar reacciones en la mayoría legislativa que justifiquen una salida extrema.

Ante esta situación, vale recordar que todas las repúblicas longevas, de una u otra manera, han enfrentado situaciones parecidas a la que padece la democracia peruana. Sin embargo, la única manera que encontraron para enfrentar estas encrucijadas y reformar sus instituciones fue apostando a la vigencia de esas instituciones cuestionadas. Y la única manera de preservar una República de instituciones es evitando caer en la provocación de los cesaristas, de los puchistas de bolsillo, que creen que una democracia es una federación universitaria. La necesaria prudencia implica actuar con razón, con ventaja y sin sobrepasarse.

En medio de este deterioro institucional los únicos que parecen tener objetivos claros son los movimientos antisistema: convocar a una asamblea constituyente, redactar una Carta Política anticapitalista, y organizar un sistema colectivista.

Para simplificar las cosas: las repúblicas que perduran son las que enfrentan todas las crisis con sus instituciones y aferrándose a la Carta Política. Un camino semejante significa organizar la gobernabilidad en base a acuerdos y diálogos. Las repúblicas que naufragan son las que se rinden ante los líderes civiles o militares que representan al clamor popular. Ante cualquier duda, allí están Hitler y Hugo Chávez.