La reforma política y del sistema justicia lo definirán todo

Es imposible que en el Perú exista Estado de derecho con la crisis de representación política que revelan las instituciones tutelares del sistema republicano, con la crisis y fragilidad de los partidos políticos y con la ausencia de una partidocracia, de una élite pública, que organice el poder y construya pactos y entendimientos. Igualmente será imposible que exista Estado de derecho con el colapso generalizado del sistema judicial: las guerras internas y disputas al interior del Ministerio Público, la brutal judicialización de la política y el espacio público y la extendida provisionalidad en las instancias judiciales revelan que cualquier reforma ha fracasado de principio a fin.

La crisis política e institucional, pues, demanda reformas urgentes y profundas. Pero no solo se trata del bloqueo institucional de la República sino también de su bloqueo económico. Hoy todos los analistas económicos señalan que las tendencias recesivas o el bajo crecimiento, menor al 3% anual del PBI, solo tienen su explicación en la crisis política que se ha generalizado hasta los gobiernos subnacionales y toda dependencia pública. Por ejemplo, el Perú es el tercer país con las mayores reservas mundiales de cobre en medio de un superciclo de precios del metal rojo. Sin embargo, luego de la megainversión de Quellaveco en Moquegua no se conoce de otro proyecto de envergadura. ¿Cómo entender semejante situación? Si la demanda de cobre se incrementará exponencialmente en la próxima década y el país tiene enormes reservas, ¿por qué no se multiplican las inversiones en cobre? La única explicación: la crisis política e institucional.

La urgencia de la reforma política y del sistema judicial, pues, es asunto de vida o muerte para la sobrevivencia del sistema republicano. En ese sentido, el Congreso debe proceder a aprobar la bicameralidad para perfeccionar el equilibrio de poderes y el sistema de representación política. La existencia de un Senado atemperará los conflictos entre Ejecutivo y Legislativo, redefinirá las relaciones con el Tribunal Constitucional (TC) –hoy convertido en una especie de Senado– y calificará la representación de los partidos. Por otro lado, es urgente derogar la absurda prohibición de la reelección parlamentaria, uno de los peores escollos para formar una clase política.

Igualmente necesitamos empoderar legalmente a los partidos y fomentar el surgimiento de partidocracias y élites porque en más de dos siglos de democracia moderna no se ha inventado un sistema alternativo de toma de decisiones en un régimen republicano. En ese sentido es importante la eliminación de las elecciones primarias y obligatorias (PASO) y es necesario avanzar a crear sistemas electorales uninominales para elegir a los miembros de la cámara de diputados.

Asimismo la reforma del sistema de justicia debe partir por reconocer que el modelo de la Junta Nacional de Justicia ha fracaso de principio a fin: allí están las feroces guerras por el control del Ministerio Público, la terrible judicialización del sistema político que ha terminado bloqueando el espacio público y los dos tercios de provisionalidad en las instancias finales del sistema de justicia. En ese contexto, el Congreso debe proceder a discutir la propuesta de la congresista Gladys Echaíz, que plantea crear la Escuela Nacional de la Magistratura para absorber las funciones de la JNJ en el nombramiento de los magistrados y que también se encargue de la formación y capacitación de jueces fiscales.

Igualmente, allí está la propuesta de José Luis Sardón, ex miembro del TC, quien propone que el Congreso bicameral se encargue de nombrar a los magistrados supremos en tanto que el Ejecutivo designe a los magistrados de las instancias inferiores, a propuesta de los propios organismos de la judicatura. La mencionada propuesta plantea retornar al sistema histórico de elección de magistrados vigente hasta antes de la dictadura militar de Velasco.

En cualquier caso, es evidente que en la reforma del sistema político y del sistema de justicia se juega la continuidad del Estado de derecho y la posibilidad de relanzar el crecimiento y el proceso de reducción de la pobreza.