Editorial Política

La minería informal en campaña

La minería informal en campaña
  • 27 de mayo del 2016

Emergencia en Madre de Dios desnuda fracaso gubernamental

En medio de una intensa y polarizada campaña electoral, la Presidencia del Consejo de Ministros declaró el estado de emergencia en once distritos de Madre de Dios por la contaminación que causa la minería informal en las personas, animales y el medio ambiente en general. La noticia se conoce cuando una de las fuerzas que participa en la segunda vuelta ha prometido derogar los decretos legislativos 1100 y 1105 que establecen “el proceso de formalización de los mineros artesanales”.

La declaratoria del estado de emergencia en Madre de Dios solo revela un hecho: el fracaso del gobierno de Humala en la formalización de esa actividad. Si hoy la minería ilegal sigue envenenando a personas, ríos y peces, solo es responsabilidad del gobierno. Ha fracasado toda una estrategia. Y los números son más que contundentes. De un universo de alrededor de 400,000 mineros artesanales, 70,000 presentaron declaraciones de compromiso para formalizarse, aunque solo el 1% pudo hacerlo. Pero, ¿cómo podría formalizarse el minero informal si el proceso demanda 1,260 días ante 16 dependencias públicas y privadas, y cuesta alrededor de 85,000 dólares?

Ahora bien, ¿qué debe hacer el próximo gobierno? Todo debe comenzar con el reconocimiento del fracaso y la derogación de las normas que impiden la formalización. A partir de allí, el Estado y la sociedad tienen dos caminos: o se formaliza al minero artesanal o se usa toda la fuerza de coerción del estado. A nuestro entender la idea de la fuerza es una locura.

Don Alberto Benavides de la Quintana, fundador de la minería moderna en el Perú, señalaba que en la minería informal trabajan cerca de 400,000 personas de manera directa, dos millones de personas dependen de ella de manera indirecta y que, en cuanto a producción de oro y cobre, movía alrededor de 2,000 millones de dólares. ¿Se puede resolver semejante problema a sangre y fuego? Imposible.

Si las élites no entienden el problema, hoy o mañana el Perú avanzaría a una confrontación de resultados impensados y convertiríamos a este sector de empresarios en la base social del radicalismo antisistema. Vale anotar que entre las múltiples fuentes de financiamiento de los radicalismos en el 2006 y el 2011 (además de los aportes bolivarianos) siempre estaban las contribuciones de sectores de mineros informales.

¿Qué hacer entonces? Cambiar el enfoque y entender que estamos ante un problema económico y social que exige soluciones económicas y sociales. Claro está, nadie puede aceptar a la minería ilegal aluvional (diferente a la informal), que se desarrolla en parques nacionales y áreas protegidas.

Si vemos las cosas desde el punto de vista económico percibiremos que la mayoría de mineros artesanales son campesinos, propietarios de las superficies donde se han explotado los grandes yacimientos mineros, y que ha contemplado el boom minero de la última década sin conocer directamente los beneficios de esta actividad. El Estado se llenaba los bolsillos cobrando impuestos a la minería moderna, pero sin hacer obra, sin construir carreteras ni escuelas ni postas médicas. Ante esta situación el campesino tenía dos opciones: cavaba su propio “hueco” y se convertía en minero informal o se sumaba a la prédica del radicalismo antiminero, que busca paralizar la minería moderna en el Perú.

Una mirada diferente del minero artesanal nos permitirá entender que detrás del demonizado informal, en realidad, hay un empresario que busca derechos y estabilidad. Este empresario se puede transformar en el mejor aliado de la defensa y preservación del medio ambiente, y llegar a convertirse en la fuerza social que respalde las grandes inversiones mineras que necesita nuestro país para avanzar hacia el desarrollo.

Un camino diferente sería empujar a este sector social nacional (clase social, se diría desde el marxismo) a la informalidad perpetua y, tarde o temprano, emergería como una fuerza antisistema de impredecibles consecuencias para la democracia, el mercado y las libertades en general.

  • 27 de mayo del 2016

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