La mayoría del Congreso no entiende relación entre libertad y economía

La mayoría parlamentaria –integrada por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú– luego del fracaso del golpe de Pedro Castillo, todavía no llega a entender las relaciones entre la economía, el crecimiento, la reducción de pobreza, y la continuidad de las instituciones republicanas establecidas en la Constitución del Perú. Si se tuviese que hacer un análisis reduccionista del por qué fracasó el golpe de Castillo y el proyecto de la asamblea constituyente en el Perú, se podría sostener que estas amenazas al Estado de derecho fueron derrotadas por la oposición de la mayoría nacional, la decisión del Congreso de defender la Constitución y el papel de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, ¿cuál fue el rol de la economía en la defensa del Estado de derecho? Si en el Perú, por ejemplo, la pobreza hubiese sido del orden del 40% o del 80% de la población, tal como suele suceder en los países estatistas de la región, es evidente que el proyecto de la constituyente y las propagandas a favor de las expropiaciones habrían tenido un mayor respaldo. En ese contexto, ¿las posiciones del Congreso y de las fuerzas armadas habrían sido diferentes? Es muy probable. Sin embargo, más allá de especulaciones, el objeto de esta ucronía es subrayar la importancia de la economía en la defensa de la libertad.

Cuando Castillo llegó al poder el nivel de pobreza era de 20% de la población, gracias al régimen económico establecido en la Constitución y el modelo económico basado en la desregulación de mercados y precios y en la inversión privada. Nunca en su historia republicana el país había logrado tanta inclusión económica y social. Luego de la pandemia, del fracaso del golpe de Castillo y de la campaña de la constituyente, la pobreza se incrementó en 27.5% de la población (más de nueve millones de peruanos).

Sin embargo, el efecto destructivo del Gobierno de Castillo se extenderá en el 2023, porque la economía crecerá en menos de 1% del PBI y la pobreza seguirá aumentando por falta de nuevas inversiones, la caída del consumo y la falta de empleos. En este contexto, ¿acaso la mayoría parlamentaria democrática no se da cuenta de que el aumento de pobreza es una amenaza a la libertad igual de poderosa, o quizá más, que el fracasado golpe de Castillo? ¿Por qué no se hace nada para relanzar el crecimiento? ¿Por qué no se derogan las normas laborales de Castillo, que pretenden fomentar la guerra de clases entre empresarios y trabajadores? ¿Por qué nadie se atreve a proponer una reforma promercado (educación, salud, infraestructuras, simplificación del Estado)?

Si en la mayoría democrática parlamentaria hubiese claridad sobre el papel de la economía en la lucha por la libertad y la continuidad institucional ya se hubiesen derogado los decretos laborales que fomentan la sindicalización artificial en fábricas, sectores económicos y grupos empresariales, que liberalizan en extremo el derecho de huelga y prohíben la tercerización laboral. Igualmente, considerando que la inversión privada caerá este año en más de 5%, ya se habría restablecido la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), que establece un régimen tributario promocional y un sistema de flexibilidad laboral, que explican el boom agroexportador peruano de las últimas dos décadas.

Asimismo, la mayoría parlamentaria estaría estudiando qué normas se necesitan para restablecer el Estado de derecho en las zonas mineras y evitar que la violencia radical de los sectores antimineros detengan y posterguen proyectos mineros vitales para relanzar el crecimiento en el Perú. Vale anotar que la proyección de la caída de la inversión privada de este año se explica, sobre todo, por el descenso de la inversión minera en más de 18%.

Luego del fracaso del golpe de Castillo, después de la derrota de la violencia radical y de las campañas progresistas para adelantar elecciones, el principal problema del Perú viene de la política, de la falta de alternativas y predictibilidad. Y ese problema empieza, principalmente, por la incapacidad de la mayoría parlamentaria de entender la relación entre economía y libertad.