¡La libertad de prensa está en peligro!

En el nuevo plan de gobierno de Juntos por el Perú que parece haber sido sacado del sombrero –como hacen los magos– con el objeto de maquillar los dientes del radicalismo y del extremismo e intentar captar “el voto del centro político”, la asamblea constituyente es la bandera que sigue ondeando en medio de todas las propuestas. Se habla de una consulta previa antes de la asamblea constituyente; es decir, el referendo que suelen convocar todos los dictadores –desde Hitler hasta Hugo Chávez– para quebrar el orden constitucional.

La idea de una asamblea constituyente revela que todo no es más que una operación de maquillaje de Sánchez. De allí que las nuevas promesas de respetar los tratados de libre comercio, cooperar con Estados Unidos, China y Europa, y el respeto a la estabilidad fiscal, en realidad, solo sean verdaderos saludos a la bandera. Ninguna de esas ofertas electorales pueden ser viables bajo el marco de una movilización hacia una asamblea constituyente, porque el proyecto de una constituyente implica entregar todo el poder de la actual Constitución, las facultades y competencias del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Defensoría del Pueblo, de la Contraloría; la propiedad privada y los ahorros de los ciudadanos, de las empresas y corporaciones, a una asamblea de 100 o 200 personas que reunirá todos los poderes del Estado y de la sociedad. En otras palabras, a una asamblea de constituyentes convertidos en dioses que decidirán sobre la propiedad y los ahorros de los peruanos.

En este contexto, ¿es posible imaginar que se respetará la autonomía del BCR y la estabilidad fiscal? ¿Alguien cree que el comunismo mantendrá a Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva? Imposible.

Sin embargo, como se dice, el pez por la boca muere. En el nuevo programa, en el nuevo maquillaje de Juntos por el Perú, se han escapado algunas verdaderas bombas de tiempo. Por ejemplo, se sostiene que “las telecomunicaciones estarán sujetas al control del Estado”. ¿Qué significa una propuesta de este tipo? ¿Acaso que las estaciones de radio, las televisoras y las demás entidades que usan frecuencias estatales serán estatizadas como en la época de Velasco? ¿Por qué la Asociación de Radio y Televisión no ha iniciado una campaña de denuncias contra esta amenaza velada de estatizar los medios de comunicación? ¿Por qué los periodistas no están pegando el grito en el cielo? Se necesita una movilización nacional en defensa de la libertad de prensa.

Igualmente, en una de las páginas del nuevo programa se habla de una medida que sorprende: “reformas en beneficios penitenciarios y medidas alternativas a la prisión”. Considerando que Roberto Sánchez ha convertido el muñeco de unas supuestas “leyes procrimen” –tesis que nada tienen que ver con la realidad y los objetivos de restablecer garantías constitucionales– en uno de sus ejes de campaña, ¿acaso la idea de medidas alternativas a la prisión puede significar soltar presos y delincuentes de algún tipo? ¿Así se contribuye en la lucha contra la ola criminal?

En cualquier caso, todo es un galimatías en el programa de Juntos por el Perú. Es la consecuencia inevitable del desprecio al ciudadano, del elector, a quien se le trata como si fuese una masa de maniobra –una característica de cualquier totalitarismo– y no se le ofrece un programa real de acuerdo a las urgencias nacionales, sino que se ofrece de todo: se cambia un programa por otro como si se sacara conejos del sombrero. Roberto Sánchez hasta puede ir a misa, no obstante que Antauro Humala, el socio más importante de su campaña, declaró que iba a eliminar la religión católica apostólica y romana para reemplazarla por una religión tawantinsuyana.

Así estamos con los juegos, maromas y gambitos de Sánchez; hasta parece un actor de teatro. Pero los peruanos rechazarán este domingo ese desprecio por el elector que ha demostrado Juntos por el Perú, una censurable voluntad de jugar con la esperanza de los peruanos.