La ley en vez de balas

Errores estatales jamás deben significar la renuncia de la autoridad a ejercer la ley

El jefe del Gabinete, Pedro Cateriano, acaba de emplazar al Poder Judicial y al Ministerio Público para que ordenen la detención de quienes violan la ley y la Constitución en las protestas que los radicales antimineros desarrollan contra el proyecto Tía María en el valle del Tambo, Arequipa. La solicitud del Primer Ministro tiene enorme trascendencia porque pone el dedo en una llaga que ha venido lacerando el sistema democrático desde el retorno a la democracia.

Con el fin del gobierno de Fujimori y la instalación de la administración de Alejandro Toledo, la democracia avanzó con una creciente pérdida de autoridad del Estado. Por ese entonces, los movimientos marxistas latinoamericanos empezaron a ejecutar una inteligente estrategia que pasaba por erosionar la autoridad estatal mediante la irrupción de la turba. De pronto, en Venezuela, Ecuador y Bolivia la masa en las calles reemplazó a las instituciones democráticas en el trámite del conflicto político. Sobre esa realidad, más tarde, surgirían regímenes autoritarios.

De una u otra manera, la irrupción de la turba amedrentó los legislativos, los fiscales y los jueces, que se inhibieron de aplicar la ley. Pero, de acuerdo al manual marxista, la masa tiene que seguir acumulando fuerzas, provocando, hasta producir víctimas fatales que deslegitimen a la “democracia formal”.  La emergencia de Evo Morales como líder nacional y su elección como jefe de Estado es un ejemplo paradigmático sobre cómo la turba es funcional a un proyecto autoritario.

En el Perú, la turba ha venido imponiendo su impronta desde el Arequipazo con Toledo, el Baguazo con Alan García y el Congazo con Ollanta Humala. En todos estos casos, los fiscales y jueces se inhibieron de detener y procesar a quienes asaltaban la propiedad privada y pública y violaban el libre tránsito de los ciudadanos.

Pero la indiferencia de la autoridad, antes que morigerar, acrecentó la violencia. Y las masas manipuladas por el radicalismo antiminero pasaron a atacar comisarías y otras entidades estatales. Ante semejante amenaza, el policía o el soldado se vio obligado a disparar causando la muerte de algunos ciudadanos. Cuando eso sucedía las protestas manipuladas por el radicalismo antiminero adquirían legitimidad. El proyecto Conga se bloqueó de esa manera. Y eso es lo que pretenden repetir los extremistas en Tía María.

Si los fiscales y jueces detuvieran y procesaran a quienes violan la Constitución y las leyes, el Estado recuperaría parte de la autoridad perdida y los radicales antimineros se lo pensarían tres veces antes de atacar una comisaría o un cuartel militar en busca de víctimas fatales. Es decir se evitaría que los conflictos se tiñan de sangre. La ley antes que las balas.

Ahora bien, demandar el ejercicio de la autoridad, aplicar la ley para disuadir al extremista, no significa desconocer la enorme responsabilidad del Estado en la generación de estos conflictos. La autoridad no informa, no consulta, cobra impuestos pero no hace obra.

La ausencia estatal posibilita que la compañía minera se quede sola frente a los ciudadanos de una localidad mientras que el radicalismo demoniza a la empresa privada endilgándole los fracasos del Estado. Sin embargo, los errores estatales jamás deben significar la renuncia de la autoridad a ejercer la ley, como pretende el extremismo anti minero.

16 - Abr - 2015