La inversión privada y la reducción de pobreza sin defensores

El Perú está en recesión y la pobreza se incrementa a un tercio de la población. Es decir, más de 10 millones de peruanos podrían estar afectados por esta lacra social. La causa principal de la recesión es la caída de la inversión privada que acumula dos años de retroceso. Y la inversión privada cae por la crisis política endémica y los efectos destructivos del gobierno de Pedro Castillo que, durante un año y medio, actuó en contra de la Constitución, agitando a favor de la constituyente y la nacionalización de los recursos naturales.

Lo más grave de todo es que todos los sectores políticos parecen haber olvidado la importancia del crecimiento en la estabilidad de una sociedad. Allí están las guerras absurdas del progresismo en contra del indulto constitucional a Alberto Fujimori y las disputas por el control de las instituciones. La política está matando cualquier posibilidad del país.

En las últimas dos décadas, en el Perú la política fracasó en todo: polarización y guerra política por las instituciones y burocratización extrema del Estado para controlar “la voracidad explotadora del capitalismo”. Si la política lo derrumbó todo, ¿cómo así la sociedad peruana sigue teniendo viabilidad? El Perú está en crisis, pero es viable. No debe enfrentar un traumático ajuste como acaece en Argentina y debería suceder en Venezuela para salvar al país llanero de la tragedia. El país debe  volver a crecer y a reducir la pobreza, sin embargo, para avanzar en ese camino la inversión privada debe volver a crecer.

Si hay dudas sobre el papel civilizador de la inversión privada, sobre su conversión en la columna principal que sostiene la peruanidad, preguntémonos qué habría sucedido sin el protagonismo empresarial en las últimas tres décadas. No nos cabe la menor duda de que el Perú se habría disuelto, que las economías ilegales del narcotráfico y de la minería ilegal habrían creado territorios propios y que el territorio nacional se habría fracturado por las estrategias geopolíticas de algunos países como Bolivia, por ejemplo.

Se puede argumentar que las fuerzas armadas son la gran institución que sostiene la unidad nacional. Es verdad en parte. Sin embargo, la viabilidad de una sociedad no solo se puede fundamentar en el orden interno. Una sociedad es viable cuando sus ciudadanos tienen posibilidades de resistir y crecer. Y eso es lo que ha sucedido en el Perú gracias a la economía, más allá de la asfixiante informalidad que desata el Estado burocrático y la crisis política.

A través de los mercados formales e informales la inversión privada provee más del 80% del empleo. Igualmente, el sector privado aporta el 80% de los ingresos fiscales y representa el 80% del total invertido en el país. En las últimas tres décadas el crecimiento y la generación de empleo explican la reducción de pobreza del 60% de la población a 20% antes de la pandemia (luego de Castillo este flagelo se acerca al 30%). Según el Banco Mundial y los organismos multilaterales del total de pobreza reducida en los últimos 30 años en el país, más del 80% se explica por la inversión privada que crea empleo.

Si en el Perú nadie parece interesado en terminar con la burocratización y la legislación anti inversión, que asfixia a los mercados y detiene y bloquea a los proyectos privados, es porque, de una u otra manera, las corrientes comunistas y progresistas han colonizado ideológicamente a la mayoría de los políticos. Nadie se atreve a derogar los decretos laborales de Castillo, que fomentan la guerra de clases entre empresarios y trabajadores, y nadie tampoco se atreve a restablecer la plena vigencia de la ley de Promoción Agraria (Ley 27360, absurdamente derogada) por el temor de aparecer “defendiendo los intereses del empresariado”. 

Si las cosas siguen así, tarde o temprano, llegará un nuevo Castillo, pero quizá más avezado.